Desde la perspectiva del autor, fundada en la tesis de la longevidad de la nacionalidad panameña, el ensayo suministra información sobre la influencia de la ideología liberal y la doctrina conservadora en la consolidación de la Segunda República en 1903. El texto pasa revista a los aportes más significativos de estas ideas a la construcción de la institucionalidad republicana. La conferencia concluye con un comentario breve sobre la progresiva pérdida de ideología que ha sufrido la política panameña, fenómeno que empieza a manifestarse desde los inicios de la vida republicana y se acentúa con notoriedad a partir de 1968, por efectos del acentuado personalismo, el clientelismo y la supresión de las libertades ciudadanas por el régimen autoritario.
En esta oportunidad, me propongo reseñar los aportes más significativos de las doctrinas liberal y conservadora a la construcción de la institucionalidad republicana. Quiero dedicar este trabajo a la memoria del Dr. César A. Quintero, connotado jurista e intelectual panameño, notable por su erudición, elocuencia y vocación docente, quien expiró en la Ciudad de Panamá el 18 de septiembre último.
Hombre de ideas e instituciones, conocedor íntimo de nuestra historia política, el Dr. Quintero fue durante años, punto de referencia obligado para todo esfuerzo analítico e interpretativo de nuestro acontecer político. Si alguien tenía una visión clara y fundamentada sobre las ideas e instituciones políticas de la República de Panamá, ése era el Dr. Quintero. Por ello aprovecho esta tribuna para repetir la propuesta que me permití formular en una columna publicada en el Diario El Siglo, el lunes 29 de septiembre, de que el Estado panameño, a través del Poder Ejecutivo o la Asamblea Legislativa, decrete un homenaje permanente a su memoria, a través de la designación de una obra pública relevante con el nombre del Dr. César A. Quintero y ordene una nueva edición de sus obras, para perpetua recordación de sus contribuciones al desarrollo intelectual de la Nación y provecho de ésta y las futuras generaciones.
Antes de entrar en materia quiero, con la venia de la distinguida concurrencia, permitirme un muy breve prolegómeno que, en mi concepto, guarda importante relación con el tema señalado. Juzgo necesario dejar establecida la perspectiva desde la cual abordo el asunto que se me ha encomendado y ésta no es otra que la tesis de la longevidad de la nacionalidad panameña. Me ha parecido atinado denominarla así porque su argumento fundamental, al cual me ciño absolutamente, es que el surgimiento de la nacionalidad panameña precede, por mucho, a la fundación de la República en 1903.
O más bien de la Segunda República—como insistentemente nos lo recuerda el intelectual Fermín Azcárate y como lo indiqué en un artículo publicado con motivo del 182 aniversario de la independencia de México—pues el primer Estado de Panamá, que poseyó plenamente los atributos de la soberanía, existió sesenta años antes, entre 1840 y 1841, bajo la dirección esclarecida del patricio Tomás Herrera. La Primera República también surgió en el mes de noviembre, tras el pronunciamiento del 18 de ese mes, en el año de 1840. Lo mismo es cierto de nuestra independencia de España, que se llevó a cabo por esfuerzo propio—sin auxilio exterior alguno—el 28 de noviembre de 1821. Por razones evidentes, noviembre es para los panameños el Mes de la Patria.
Luego de la fundación de la Segunda República, surgieron algunas voces críticas de la emergencia del Estado panameño. Resentidos por nuestra espontánea escisión de Colombia—no de la misma Gran Colombia a la que nuestros antepasados se añadieron voluntariamente en 1821, sino de la Nueva Granada, que adoptó el nombre de Colombia en 1863—descalificaban la acción separatista como maniobra del imperialismo estadounidense. La obligada sumisión del nuevo Estado a los designios de Washington, resultado inevitable del contexto geopolítico del momento, obraba en favor de quienes pretendieron desacreditar el movimiento separatista de 1903.
Muy a pesar de críticas y adversidades, la jornada del 3 de noviembre de 1903 fue expresión auténtica de la nacionalidad panameña. Esta nacionalidad, que comenzó a gestarse—como en otros reinos ultramarinos de la Corona de Castilla—en tiempos de la dominación española, se manifestó con entereza y seguridad por vez primera en 1821.
El 10 de noviembre de ese año de proezas independentistas americanas, la Heroica Villa de Los Santos emitió el primer grito de emancipación de que se conserva registro en el Reino de Tierra Firme. El 28, las corporaciones civiles, militares y eclesiásticas de la capital del Istmo "convinieron y decretaron, de común acuerdo", que "Panamá espontáneamente y conforme al voto general de los pueblos de su comprensión" se declarase "libre e independiente del Gobierno Español".
En ese mismo acto, el territorio de las Provincias del Istmo fue adicionado por la Junta Emancipadora al "Estado Republicano de Colombia". Pero durante los 82 años que transcurrieron bajo esa unión, la nacionalidad panameña siguió fortaleciéndose y enunciándose en repetidas ocasiones.
Las proclamas y acciones de 1826, 1830, 1831, 1840, 1855 y 1861 (tres en este último año) recalcan las vivas aspiraciones del pueblo panameño a la autodeterminación. Además de la experiencia independiente de 1840-1841, entre 1855 y 1885 está vigente en Panamá un régimen federal que permite una amplia dosis de autogobierno. El regreso de Colombia al régimen centralista, que somete al Istmo "a la autoridad directa del Gobierno" y decreta su administración "con arreglo a leyes especiales"—según reza el Artículo 201 de la Constitución de 1886—genera gran malestar en Panamá y constituye, junto a la destructividad de las guerras civiles colombianas y el rechazo del Tratado Herrán-Hay en 1903, causa directa del movimiento separatista de 1903.
En las proximidades del Centenario de la Segunda República, los panameños recordamos con íntima satisfacción y presentamos al mundo nuestra historia rica en expresiones de nacionalidad, anteriores y posteriores a aquel memorable 3 de noviembre de 1903, cuando el pueblo de la capital, alentado por un deseo de autodeterminación y prosperidad, decretó el nacimiento del Estado panameño. Frente a esta realidad histórica incontrovertible, quiero exteriorizar mi rechazo tajante y absoluto a la "leyenda negra" carente de sustancia, que algunos individuos han pretendido desempolvar—quizás con el ánimo de adquirir notoriedad en esta efemérides mayúscula, incitados por el desconocimiento histórico de muchos panameños—y que arguye falazmente que la República de Panamá es un engendro del capitalismo estadounidense. Como ha sido expuesto por el abogado, Julio Ernesto Linares Franco, este argumento es falso y carente de todo fundamento.
He juzgado oportuno referirme a lo que he llamado la tesis de la longevidad de la nacionalidad panameña como punto de partida de mi conferencia sobre ideas políticas, por la íntima relación existente entre ideología, República y Nación. Tal cual ha sido expuesto gracias a los escritos e investigaciones de intelectuales de la talla de Ramón Maximiliano Valdés—Presidente de la República de 1916 a 1918—, Enrique J. Arce, Juan B. Sosa, Octavio Méndez Pereira, Felipe Juan Escobar, Ismael Ortega Brandao, Ernesto Castillero Reyes, Catalino Arrocha Graell, Rodrigo Miró y Alfredo Castillero Calvo, entre otros, sin la nacionalidad panameña no hubiese sido posible la fundación y permanencia de la República de Panamá1, cuyo establecimiento y evolución estuvieron inspirados en ideas políticas de interesante progenie, como lo veremos enseguida.
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Quiero referirme en esta oportunidad a las ideologías que inspiraron la institucionalización del Estado panameño y los debates políticos iniciales tras la fundación de la República en 1903: el liberalismo y el conservatismo. Lamento no tener tiempo ni espacio para considerar, en este foro, otras dos tendencias políticas que también han ejercido notable influencia en la evolución política de Panamá, sobre todo a partir de la década que inició en 1930. Se trata del nacionalismo y el populismo, ideas políticas que, como en otras latitudes americanas, han ejercido en nuestro medio gran atractivo sobre dirigentes y masas.
El nacionalismo es la "ideología que atribuye entidad propia y diferenciada a un territorio y a sus ciudadanos" y, por tanto, aboga por que éstos dirijan su suprema lealtad al Estado-nación (Real Academia, 2001, s.v. "Nacionalismo"; Encyclopaedia Britannica, 1962, s.v. "Nationalism"). En Panamá, el nacionalismo emergió como reacción a la hegemonía estadounidense, se definió en dichos términos y adquirió particular vigencia a partir de la fundación de Acción Comunal en 1923. Inspiró, entre otras jornadas históricas, el rechazo del Tratado de 1926 y, en 1947, del Convenio sobre sitios de defensa; la negociación, firma y ratificación de los Tratados de 1936, 1955 y 1977; el cambio constitucional de 1941; la negociación y firma de los Tratados de 1967; la Operación Soberanía de 1958 y 1959; y la gesta del 9 de enero de 1964, punto culminante del nacionalismo panameño.
El populismo, en su acepción más estricta, es la doctrina que demanda la redistribución del poder político y económico de la oligarquía al pueblo. Establece que el gobierno existe para proteger al pueblo de la explotación de un sector dominante, rico y codicioso, cuya única razón de ser es la satisfacción de sus propios intereses. De acuerdo con los postulados populistas, los recursos del Estado deben ser confiscados a esta oligarquía y reconducidos al beneficio y adelantamiento de las masas oprimidas (Johnson, 2000, s.v. "Populism"). En Panamá, como en otros países donde se manifestó al mismo tiempo—Argentina, México, Brasil, Ecuador, Perú—el populismo surgió como respuesta a la dislocación socioeconómica causada por la Gran Depresión de 1929. En nuestro medio, aportó al contenido programático del Panameñismo, fuerza política indiscutible desde 1940, y su discurso sirvió para justificar las experiencias militaristas de Remón (1952-1955) así como de la Guardia Nacional bajo Torrijos, Noriega y el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El nacionalismo y el populismo, como he dicho, merecen cuidadosa consideración en un estudio de las ideas que más preponderancia han tenido desde la fundación del Estado panameño en 1903. Las limitaciones propias de este ensayo, sin embargo, me impiden acometer dicha tarea como también considerar los fenómenos anti-ideológicos del personalismo y clientelismo, que tanta influencia tienen en la política panameña, al punto de determinar desenlaces políticos de relevancia. Porque en otras ocasiones, lamentablemente—y crecientemente en las últimas décadas—la acción política ha sido determinada por el interés individual y sectorial, sin mayor referencia ideológica o tendencia a un ideal o bien superior. Por tal motivo, la conferencia concluye con un comentario breve sobre la progresiva pérdida de ideología que ha sufrido la política panameña, fenómeno que empieza a manifestarse desde los inicios de la vida republicana y se acentúa con notoriedad a partir de 1968, como consecuencia del personalismo, el clientelismo y la supresión de las libertades ciudadanas.
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Me refiero inicialmente al liberalismo porque, según los testimonios y textos históricos, es la ideología hegemónica en Panamá en el momento en que el Istmo declara su escisión de Colombia. "Panamá siempre ha sido liberal", observó el Cónsul General de Estados Unidos, Alban Snyder, en 1912 (Szok, 2001: 88). El liberalismo, además, es la ideología predominante entre la mayoría de los Presidentes de Panamá. De los 30 jefes de gobierno en el período de 65 años transcurrido entre 1903 y 1968, 16 presidentes tenían afiliación liberal al momento de asumir el cargo. En otros términos, durante 42 de estos 65 años (lo que representa el 42% de los cien años de República) estuvimos gobernados por presidentes liberales. Para mayores referencias, me permito indicar sus nombres:
1. Carlos A. Mendoza (1910)
2. Pablo Arosemena (1910-1912)
3. Belisario Porras (1912-1916; 1918-1920; 1920-1924)
4. Ramón Maximiliano Valdés (1916-1918)
5. Ciro Luis Urriola (1918)
6. Rodolfo Chiari (1924-1928)
7. Florencio Harmodio Arosemena (1928-1931)
8. Ricardo J. Alfaro (1931-1932)
9. Harmodio Arias Madrid (1932-1936)
10. Juan Demóstenes Arosemena (1936-1939)
11. Augusto Samuel Boyd (1939-1940)
12. Enrique A. Jiménez (1945-1948)
13. Domingo Díaz Arosemena (1948-1949)
14. Daniel Chanis (1949)
15. Roberto F. Chiari (1960-1964)
16. Marco A. Robles (1964-1968)
Asimismo, hay que considerar también la influencia y participación liberal en los gobiernos que no estuvieron dirigidos por presidentes de esa afiliación. La Junta de Gobierno Provisional de 1903-1904 y la Administración del Presidente Amador (1904-1908) fueron gobiernos de coalición, con importante presencia de liberales. El Presidente José Domingo de Obaldía (1908-1910), aunque conservador, fue nominado por el Partido Liberal y en el gabinete del último mandatario adscrito al conservatismo, Ernesto Tisdel Lefevre (1918), predominaron los ministros (o secretarios, como entonces se los denominaba) liberales. También hubo presencia liberal en los gobiernos de Arnulfo Arias Madrid (1940-1941; 1949-1951; 1968); y una facción del liberalismo formó parte de la Coalición Patriótica Nacional, que bajo Remón, Ricardo Arias Espinosa y Ernesto de La Guardia, hijo, dirigió los destinos de Panamá entre 1952-1960. Así pues, tal cual lo señala el Dr. Julio E. Linares (padre), desde 1910
Hasta el 11 de octubre de 1968, los liberales ocuparon casi ininterrumpidamente el Palacio de las Garzas y en los contados casos en que esto no ocurrió ... partidos de ideología liberal contribuyeron al triunfo del candidato cuyo partido no era de ese credo (como sucedió con el mismo Dr. Arnulfo Arias Madrid en 1940 y 1968) o no estaba previamente afiliado a partido alguno (como ocurrió con el coronel José A. Remón C. en 1952) (Linares, 1989: 181).
¿A qué podemos atribuir este predominio del liberalismo en la política panameña? Para contestar la pregunta, examinemos primero, someramente, los fundamentos de la doctrina liberal.
El liberalismo es el credo, la filosofía y el movimiento comprometido con la libertad como método y política de gobierno, como principio organizador de la sociedad y como modo de vida individual y colectivo. La esencia del liberalismo es su objetivo de liberar el espíritu humano para que alcance el máximo de su potencial creador y realizador. El liberalismo busca liberar al individuo de todas las ataduras "artificiales" que lo constriñen—la tradición, las instituciones políticas, la religión, los hábitos sociales, las restricciones económicas—a fin de maximizar la libertad del individuo para pensar, creer, expresarse, discutir sus puntos de vista, organizarse en partidos políticos, buscar empleo, adquirir y vender bienes y servicios (incluyendo su propio trabajo) y acumular los réditos de estas transacciones, escoger a sus gobernantes y su forma de gobierno y reemplazarlos, por medios revolucionarios si es necesario.
El liberalismo es la ideología de la Ilustración, cuyos máximos exponentes fueron Locke y Rousseau. Sus antecedentes más remotos los encontramos tanto en las nociones de libertad de la antigüedad griega como en el principio judeo-cristiano del libre albedrío y la dignidad humana (Encyclopaedia Britannica, 1962: s.v. "Liberalism"). Y su justificación es el derecho natural, como lo expone magistralmente la Declaración de Independencia de Estados Unidos cuando sostiene que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad (Declaración de Independencia, http://usinfo.state.gov/espanol/deces.htm).
De Inglaterra, Francia y Estados Unidos el liberalismo se difunde a España y sus dominios americanos a finales del siglo XVIII y principios del XIX. En Panamá, cautiva rápidamente al sector dominante de la zona de tránsito, en el cual ya ha empezado a gestarse la idea de la nacionalidad, fundamentada, sobre todo, en la noción de excepcionalidad del Istmo por su posición geográfica, única y privilegiada, que determina su función de importante ruta comercial entre el Nuevo y el Viejo Mundo. Ya lo apunta Ricaurte Soler: "Expresión del criollo comerciante de principios del XIX, que a través de su obligado contrabando siente las limitaciones de la política mercantilista, el liberalismo panameño alcanza, desde sus inicios, claras definiciones económicas y políticas" (Soler, 1985: 17). Entre ellas, naturalmente, está la introducción de un régimen económico especial, que libere a Panamá de las restricciones a que lo tenía sometida la Corona de Castilla, primero y luego el gobierno de Bogotá, a fin de maximizar su potencial mercantil. De la mano de esta aspiración o, más bien para asegurar la autonomía económica, el sector dominante anhela un régimen político autónomo o independiente para el territorio del Istmo. En el siglo XIX, los principales intérpretes y exponentes del liberalismo panameño son Mariano Arosemena, Tomás Herrera y Justo Arosemena, principal figura de la intelectualidad panameña.
Cuando finalmente se logra el establecimiento de la República en 1903, la ideología liberal ha logrado ya supremacía en el sector dominante y ejerce influencia preponderante en las masas a través de caudillos de gran prestigio, apuntalado por las victorias alcanzadas por las huestes liberales en el Istmo durante la Guerra de los Mil Días. La fundación del Estado panameño en 1903 fue principalmente una iniciativa de patriotas de filiación conservadora, pero su viabilidad fue garantizada gracias al arraigo de la noción de la nacionalidad panameña en las masas urbanas y el influjo de los jefes liberales, partidarios de la idea secesionista—sobre todo Domingo y Pedro Díaz de Obaldía—en los sectores populares.
A través de sus más importantes dirigentes—los Díaz de Obaldía, Carlos A. Mendoza, Eusebio A. Morales y, a partir de la segunda década del siglo, Belisario Porras—el liberalismo contribuyó significativamente a la organización de la República. Participó a través de distinguidos partidarios, como ya lo hemos visto, en los Gobiernos de la Junta Provisional, el Dr. Amador y el Presidente Obaldía. Como resultado de un pacto conciliador, aportó la mitad de los diputados a la Convención Nacional Constituyente, que dictó la Constitución de 1904. Aunque la principal fuente inspiradora de esa Ley Fundamental lo fue la Carta colombiana de 1886—de corte esencialmente conservador—el texto redactado por nuestros convencionales integra preocupaciones básicas del liberalismo y el conservatismo. Entre las premisas liberales expuestas en el texto, se destaca el respeto por la libertad individual, que inspiró la incorporación del juicio por jurados y el hábeas corpus, así como el reconocimiento de los derechos individuales y políticos considerados esenciales en la época (Guevara Mann, 1995). Otras instituciones republicanas clásicas, como el reparto de poderes entre tres órganos principales y el sistema de pesos y contrapesos, aunque de origen remoto, también se incorporan al constitucionalismo latinoamericano y, por ende, panameño, por la influencia del liberalismo.
El énfasis en la educación popular, que caracterizó a los gobiernos nacionales desde los inicios de la República, tiene—indudablemente—fuerte raigambre liberal. La educación universal y obligatoria es uno de los vehículos que plantea el liberalismo para alcanzar la plena realización del individuo y de allí el impulso a la instrucción pública que caracteriza a los gobiernos inspirados en la doctrina liberal.
El liberalismo panameño llegó a su apogeo entre 1912-1924, bajo la conducción de Belisario Porras, tres veces Presidente de la República en este lapso y figura cimera de la Segunda República. Si grande fue su obra material, enorme fue su aporte institucional a la consolidación del Estado panameño. Sobre el particular ha dicho el Dr. Carlos Iván Zúñiga:
Al sedimentarse su incondicional adhesión a la República, continúa Porras su fulgurante carrera política. En el año de 1912, luego de prestarle valiosos servicios a la Nación, es elegido Presidente Constitucional y se inicia la transformación estructural del Istmo. Su visión de estadista percibe el panorama de las necesidades básicas. El primer gobierno republicano, dirigido por Manuel Amador Guerrero, adoptó la legislación colombiana para no caer en un limbo jurídico. El Presidente Porras da término a la vigencia de la normativa foránea y dota a la República de una codificación completa elaborada por eminentes juristas. Pone en vigencia el Código Civil, el Código Penal, el de Comercio, el Judicial y cesó el derecho intermedio que no rompía el cordón umbilical ni con la Ley ni con la jurisprudencia colombiana. Avanza en la consolidación del Ser nacional y crea el Registro Civil para que el Nacimiento, el Matrimonio y la Defunción de los habitantes del Istmo sean inscritos en instituciones civiles. Se perfecciona el Registro Público y, a partir de allí, los títulos de propiedad, la garantía de su derecho, encuentran domicilio adecuado. Los Archivos Nacionales son creados y los papeles viejos de la patria, los que contienen la biografía o las constancias de tantos hechos jurídicos o sociales, también encuentran asiento y protección. Define y moldea la función bancaria y la dota de las normas que ubican un ordenamiento garante de los derechos de los usuarios. Porras busca la unidad o comunicación geográfica y anhela los buenos caminos para conectar el interior con la capital y para abrir nuevos horizontes en las tierras altas y en las llanuras del país. Se interesa, al igual que gobernantes anteriores, por un ferrocarril que cruce el Istmo con ramales a Azuero. Formula los estudios, pero sus proyectos se estrellan con las precarias realidades económicas del país. Se ilusiona con los ferrocarriles seccionales y comunica en 1914 a David con La Concepción y con Puerto Armuelles; se construyen los ramales a Boquete y a Potrerillos. Esas regiones exuberantes se abren al mercado y a la prosperidad. Se alienta con el ideal de la unidad nacional y da inicio en su último período a una red carretera que recorre el Istmo (Zúñiga, 2003).
Con Porras, reformador liberal y creador de instituciones por excelencia pero caudillo en fin, comienza también el fraccionamiento del liberalismo panameño. Su personalismo, que privilegia la adhesión al dirigente sobre la lealtad a los principios, contribuye a erosionar el contenido ideológico del liberalismo istmeño (Arias Calderón, 2003). No en vano escribe en 1930 el Dr. Fernando Guardia, refiriéndose al estado ideológico de la política panameña: "Hoy día no hay sino una triste confusión de ideas y nadie puede definir, dentro de estas prácticas malsanas y corruptoras, qué queda de aquellas doctrinas que agitaron en otros tiempos las mentes y conmovieron a muchos corazones generosos, prontos al sacrificio por sus ideas y convicciones" (Guardia, 1931: 6).
A pesar del desgaste ideológico ocasionado por el personalismo, la doctrina liberal mantiene cierta vigencia en nuestro medio. En la década de 1930 y 1940, incorpora, como en otros países de Europa y América, un contenido social que la renueva y vivifica. De esta corriente son José Dolores Moscote, Guillermo Andreve y José Daniel Crespo sus principales exponentes en Panamá (Soler, 1985). Y su obra principal es la Constitución de 1946, que confirma y amplía los elementos del constitucionalismo social introducidos en la Constitución Panameñista de 1941, especialmente en los renglones laboral y educativo.
El cuartelazo de 1968 asesta un golpe funesto al liberalismo, que ya para esas fechas estaba bastante menguado y desprestigiado por la conducta poco edificante de algunos abanderados del Partido Liberal, inclinados al fraude electoral, la violencia política, el clientelismo y la cultura del botín. Pero sus elementos fundamentales—muy particularmente la idea de la libertad individual, complementada con las nociones de derechos humanos que comienzan a esparcirse en la década de 1970 y 1980—se mantienen vivos en una ciudadanía encadenada e inspiran las luchas contra la dictadura, cuya consigna final es, precisamente: "¡Justicia, democracia y libertad!". En la actualidad, tras el desalojo del autoritarismo militar, los principios esenciales de la doctrina liberal tienen presencia en nuestro medio y sirven de base para las reclamaciones contra el carácter excluyente del sistema político en vigor, aunque no han logrado encontrar un canal efectivo de expresión comparable al histórico Partido Liberal.
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Antes señalé que la separación de Colombia en 1903 fue iniciativa de un grupo de conservadores, encabezados por los próceres José Agustín Arango y Manuel Amador Guerrero. En una época en que el sello "conservador" carece de significado para las mayorías, ¿qué significaba la adhesión a esta ideología? ¿Y qué influencia tuvo en el desarrollo político de Panamá?
Comencemos por definir el concepto. El conservadurismo o conservatismo, como lo llamaremos en este artículo, es el término que describe la doctrina política fundamentada en el derecho divino y en una visión orgánica, armónica y jerárquica de la sociedad. Surge en Europa como reacción a la Revolución Francesa, que degeneró en un baño de sangre y el afán napoleónico de conquista y dominación absolutista. Medio siglo más tarde, comienza a medrar en América Hispana en oposición a un liberalismo cuyos postulados de igualdad ciudadana y abolición de privilegios sectoriales eran percibidos como una amenaza a la integridad del tejido social.
Si el liberal concibe al individuo como un ser perfectible, dotado por el derecho natural con las facultades para evolucionar hacia estadios superiores de desarrollo y auto realización, para el conservador el ser humano es naturalmente imperfecto. Con auxilio divino y apropiada guía terrenal, sin embargo, cada persona puede aprender a llevar una vida correcta y provechosa, para beneficio de la comunidad.
Frente a la noción individualista del liberalismo, que define la relación entre el ciudadano y el Estado en términos de un "contrato social", el conservatismo concibe a la sociedad política como un ente instituido por el derecho divino, naturalmente armonioso y gobernado de acuerdo con las normas de la moral aristotélica y cristiana. Dentro del esquema jerárquico prevaleciente en el ideal conservador, cada individuo y grupo social ocupa su debido lugar en un orden natural y cumple las funciones que por su origen le corresponden.
El ciudadano posee derechos y autonomía frente al Estado, particularmente en las esferas relativas a la libertad individual y el derecho a la propiedad, pero el ejercicio de éstos está supeditado al bien común. En esta aproximación conservadora a la vida política, la Iglesia ejerce una función central. Además de servir de intérprete del derecho divino, le compete vigilar la conducta del Estado hacia la promoción del bien común, fundamento primordial de la armonía social (Henderson, 1988: 5-7).
La influencia colombiana dio vigencia y coherencia programática al pensamiento conservador en Panamá, que arraiga sobre todo en los grupos principales del interior (Figueroa Navarro, 1982: 102), aunque también atrae a algunos sectores dominantes de la zona de tránsito. En Colombia, los conservadores remontan su linaje al partido boliviano o bolivariano, partidario de la dictadura del Libertador Bolívar frente a los impulsos radicales de Santander. Formalmente, sin embargo, el Partido Conservador colombiano no surgió hasta 1849, a la par del Partido Liberal (Bushnell, 1993: 65, 69, 92-100).
¿En qué creían los conservadores panameños? Examinemos su doctrina política a través del credo de uno de sus más conspicuos representantes en la zona latifundista de Penonomé, Laurencio Jaén Guardia (1838-1920). "Don Laurencio", escribe su hijo Agustín Jaén Arosemena:
tenía una gran concepción de la política. Siempre se mantuvo afiliado al Partido Conservador por considerar que sus doctrinas, puestas en práctica, eran la base del orden, de la paz y de la prosperidad de una nación. Su credo político se sintetizaba en estos principios: Respeto a la propiedad; garantía, por medio del orden y de la justicia, al trabajo; protección a la honradez, persecución al vicio; refreno a la libertad para que no degenere en libertinaje; igualdad ante la Ley; moderación en el ejercicio de los derechos individuales, de tal manera que nunca llegue a perjudicarse el derecho de terceros; libertad para el ejercicio del bien ... [N]o veía en la bandera azul sino el emblema del orden y de la libertad en la justicia. En el Conservatismo veía la aplicación de la doctrina católica al arte de gobernar. Consideraba a la Religión y a la Patria como las supremas deidades que reinaban en su corazón y en su alma y de ahí que las armonizara en su cerebro y vinieran a formar de las dos una sola causa por la que hubiera sido capaz de ofrendar su vida (Jaén Arosemena, 1943: 74-75).
Los conservadores abogaban por un ejecutivo fuerte y un sistema centralizado de gobierno, y en ese punto, junto con el otorgamiento de un sitial privilegiado a la religión católica en el ordenamiento del Estado, encontramos la influencia más perdurable del conservatismo en la política panameña. En la Convención Constituyente de 1904, los conservadores se cercioraron de que la Constitución centralista de 1886 sirviera de modelo en el proceso de redacción de la Ley Fundamental de la Segunda República. De acuerdo con el Dr. José Dolores Moscote, su principal intérprete, el Estatuto de 1904 incorpora preocupaciones básicas de la corriente conservadora, como la necesidad de procurar la armonía social y el mantenimiento del orden a través de la acción efectiva del Estado. En ese sentido, el polémico artículo 136, que autoriza la intervención estadounidense con el objeto de "restablecer la paz pública y el orden constitucional si hubiere sido turbado", responde al desiderátum del orden social en el marco de la reconocida debilidad del Estado panameño y la hegemonía de Estados Unidos. El temor a la repetición de perturbaciones internas, como la Guerra de los Mil Días que desangró al Istmo, motivó en gran medida el apoyo de una mayoría de convencionales a esta iniciativa del triunviro Tomás Arias, presentada en la Asamblea Constituyente por el diputado (luego Presidente de la República) Manuel Amador Guerrero (Arias, 1977: 30-31).
Atenuado un tanto en la Constitución de 1946, que concedía mayores facultades fiscalizadoras e iniciativa legislativa, particularmente en materia presupuestaria, a la Asamblea Nacional, la concentración de poderes en el ejecutivo panameño adquirió nuevos bríos tras la imposición de la constitución autoritaria de 1972, aún vigente (Guevara Mann, 2001: 90-97). En este caso, sin embargo, más que a una orientación de la doctrina conservadora, tendiente a la búsqueda del bien común a través del mantenimiento del orden público, el presidencialismo en 1972 responde al afán torrijista de concentrar el poder en un ejecutivo supeditado a los dictámenes del comando de la fuerza armada.
Es importante destacar este punto, pues si bien la doctrina conservadora y el torrijismo coinciden en una preferencia por el presidencialismo fuerte, es equivocado buscar los orígenes del centralismo torrijista en la doctrina conservadora. Mientras que ésta aspira al bien común, a través de la puesta en práctica de orientaciones que—ciertamente—pueden resultar restrictivas de la libertad individual, el torrijismo, cuya expresión es el autoritarismo venal de corte castrense, está dirigido a la satisfacción del interés particular de un grupo de militares y sus colaboradores civiles. Nada más alejado de las nociones republicanas y cívicas del conservatismo histórico, que exaltaban el ejercicio de la virtud, el cumplimiento del deber y la práctica de la probidad como normas supremas de conducta pública. No en vano se decía que cuando los gobiernos liberales de inicios de la República querían acallar las críticas de malos manejos públicos, designaban a un conservador en un alto cargo del Estado (Herrera y Franco, 1996). Así fungieron como procuradores y magistrados individuos de reconocida rectitud y vocación de servicio público, como Santiago de la Guardia, Gregorio Miró, Aurelio Guardia, Héctor Conte Bermúdez, José Dolores Guardia, Eduardo Chiari, Fernando Guardia y otros ciudadanos de estirpe conservadora. Aunque este comentario ciertamente linda en lo anecdótico, es también revelador de la importancia que la tradición conservadora asigna a la virtud cívica y republicana.
En la Convención Constituyente de 1904, la influencia conservadora se hizo sentir también en el reconocimiento especial que se hizo de la religión católica como el culto de mayor difusión en la ciudadanía, así como en el compromiso del Estado de contribuir con la fundación de un seminario para la formación de sacerdotes y el sostenimiento de las misiones religiosas (Art. 26). Ese reconocimiento especial ha perdurado a través de la historia del constitucionalismo panameño hasta nuestros días, lo que constituye, indubitablemente, expresión de un aspecto conservador de la personalidad colectiva panameña.
En los años iniciales de la República, los conservadores intentaron poner el impulso educativo, de raigambre liberal, bajo los auspicios de la Iglesia Católica. La Junta de Gobierno y el Presidente Amador encomendaron el Despacho de Instrucción Pública a intelectuales conservadores como Julio J. Fábrega, Nicolás Victoria Jaén y Melchor Lasso de La Vega. El Gobierno del Presidente Amador otorgó becas para estudios sacerdotales en Roma y encargó labores educativas a los Hermanos de las Escuelas Cristianas de San Juan Bautista de La Salle, quienes abrieron planteles en Panamá, Colón, David, Santiago, Penonomé y Los Santos; a los Salesianos de Don Bosco, a quienes se encargó el funcionamiento de la Escuela de Artes y Oficios y, luego, del Hospicio de Huérfanos (hoy Instituto Técnico Don Bosco); y a otras órdenes religiosas. A partir de 1908, sin embargo, como resultado del apoyo del Partido Liberal a la candidatura del Presidente conservador José Domingo de Obaldía, la educación pública se encomendó a intelectuales liberales tales como Eusebio A. Morales, Heliodoro Patiño, Guillermo Andreve, Jeptha B. Duncan y Octavio Méndez Pereira, todos los cuales sirvieron como Secretarios de Instrucción Pública con posterioridad al Gobierno del Presidente Amador. La orientación que el liberalismo dio a la vida pública panameña causó fricciones y debates públicos con políticos conservadores, especialmente en la década de 1910, sobre todo en torno a iniciativas como la educación laica, la coeducación y el divorcio que, sin embargo, a la larga prevalecieron en virtud del afán modernizador del Presidente Porras y sus colaboradores (Linares, 1989; Osorio, 2000).
Por su condición de partido minoritario, el conservatismo panameño impulsó con denuedo la adopción de un sistema de representación proporcional, que le garantizara una mínima representación en la Asamblea Nacional. La primera fórmula de representación proporcional se adoptó en 1916. El método de Sarípolos, consistente en el reparto de escaños legislativos por el método del cuociente, medio cuociente y residuo, se instituyó en 1925 y ha sido empleado en las elecciones legislativas desde 1928, aunque su fórmula ha sido variada de tiempo en tiempo para garantizar mayor o menor proporcionalidad (Quintero, 1967; Valdés Escoffery, 2002). Desde su reintroducción en la reforma constitucional en 1983, sin embargo, se ha ido reduciendo progresivamente el carácter proporcional del sistema de elecciones legislativas. Vale anotarlo y dejarlo en el tintero, para posteriores disquisiciones (Guevara Mann, 2001).
A pesar de un intento por reorganizarlo e infundirle nuevos bríos en 1931, el Partido Conservador panameño fue menguando progresivamente hasta su extinción luego de las elecciones de 1952, las últimas en que participó y en las que presentó la candidatura presidencial de Pedro Moreno Correa (Castillero Reyes, 1931; Araúz y Pizzurno, 1993). Su expiración pudiese atribuirse a la condición de partido minoritario, aunque en contextos más ideológicos, hay partidos minoritarios mantienen su vigencia y vitalidad. Razones más poderosas parecen ser la erosión ideológica que ha padecido la sociedad política panameña desde 1903 y la ausencia de un liderazgo fuerte y comprometido con la doctrina partidista.
Esta última explicación encierra una paradoja interesante. Si atribuimos al caudillismo la fragmentación y disipación del liberalismo panameño, ¿es lícito explicar la defunción del conservatismo por la ausencia de un caudillo? La clave en este aparente acertijo tiene que ver con la dosis y calidad de liderazgo que requieren los partidos para mantenerse vigentes. Un estilo caudillista, excesivamente centralizado y personalista, que anule la formación de nuevos líderes o conduzca al divisionismo, es tan perjudicial para la salud de un partido político como lo es un liderazgo débil, cuya presencia no se haga sentir. En el caso del Partido Conservador, sus dirigentes se contentaron con recibir los residuos del reparto burocrático que la facción liberal a la que se adherían y que apoyaban en las urnas, tenía a bien concederles (Guardia, 1931). Aunado a ello, la senectud y muerte de sus dirigentes más prestigiosos—Manuel Amador Guerrero y José Agustín Arango (1909), Santiago de La Guardia (1925) y Nicanor A. de Obarrio (1941)—acabó por sepultar al Partido Conservador panameño.
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El liberalismo, cuyo influjo comenzó a sentirse en Panamá a principios del siglo XIX con la introducción de la imprenta, así como de los clásicos de la Ilustración, dio sustancia y coherencia a la emergente nacionalidad panameña e impulsó las luchas por la autonomía y la afirmación de la soberanía panameña. En los actos fundacionales de la Segunda República, el liberalismo aportó el régimen de protección a los derechos individuales y políticos y el énfasis en la educación popular. Por la vía del constitucionalismo liberal clásico—cuya primera manifestación hispanoamericana fue la Constitución de Cádiz de 1812—recibimos también el modelo de Estado republicano que se adoptó en 1904 y que perduró hasta 1972, cuando fue trastocado por la constitución militarista. La noción de derechos individuales y civiles que promovió el liberalismo arraigó profundamente en la Nación panameña y sirvió de brújula durante la lucha contra la dictadura militar entre 1968 y 1989.
El conservatismo, a su vez, inspiró la adopción de un sistema centralizado de gobierno y el reconocimiento de la religión católica como credo mayoritario, que perduran hasta hoy, a pesar de los cuestionamientos a los que se los ha sometido. Célebres fueron las críticas anti-clericales de los diputados socialistas, particularmente Diógenes de La Rosa, en las deliberaciones de la Asamblea Constituyente de 1945-1946, como notables son las exigencias de descentralización que se manifiestan insistentemente hoy día, a pesar de lo cual ambas tradiciones constitucionales se mantienen vigentes.
El debate ideológico es, sin embargo, un suceso extraño en el Panamá del centenario. Los bríos idealistas que caracterizaron la política panameña de principios de siglo fueron menguando poco a poco hasta su casi completa desaparición. Ya en 1931, el Dr. Fernando Guardia lamentaba la pérdida del contenido programático de la política panameña y su reemplazo por el personalismo y el clientelismo. Potenciadas por la dictadura militar, que recurrió al personalismo para promover la imagen del dictador y al clientelismo para comprar adhesiones a su régimen, estas conductas dañinas medraron bajo el oscurantismo autoritario, a cuya sombra represiva de las libertades ciudadanas prosperan la corrupción y el "juega vivo".
La pérdida de ideologías no es, pues, consecuencia única de la dictadura militar. Humberto Ricord la atribuye a la mercantilización general de la vida panameña, como resultado de la construcción del Canal y la influencia individualista y materialista de Estados Unidos, que reemplaza al dogmatismo y énfasis ideológico de la política colombiana (Ricord, 1989: 114-15). Brittmarie Janson Pérez ofrece una explicación fundamentada más en causas internas que en influjos extranjeros. Según la Dra. Janson Pérez, la pobreza ideológica es reflejo del pragmatismo, hedonismo, oportunismo y personalismo que, según su interpretación, son componentes básicos de la cultura panameña (Janson Pérez, 1993: 15-16). Sea como fuere—tal cual lo apunta el Dr. Ricord—los partidos históricos "ya desaparecieron por completo en Panamá."
El conservador periclitó desde la década del treinta y los últimos jirones de un liberalismo caduco están muertos, aunque algunas veces insepultos. Proliferan así, los partidos electorales, de grupos plutocráticos, que en las elecciones se disputan el poder, a la usanza latinoamericana de presiones gubernamentales (en ocasiones militares), de fraudes eleccionarios, de propaganda moderna, calculada y gruesamente financiada. Incluso llegamos, por tal senda, a la dictadura militar, a partir de 1968, con la que, por primera vez Panamá ha vivido la experiencia de un régimen castrense y tiránico (Ricord, 1989: 115).
He allí un reto para el segundo centenario: aportarle a la política panameña un contenido programático, orientado a alguna noción válida del bien colectivo y comprometido con el debate ideológico, pero respetuoso de las ideas contrarias, en el marco de un sistema democrático.
vuelve 1. Para un resumen de esta tesis, véase Peter A. Szok, La última gaviota: Liberalism and Nostalgia in Early Twentieth-Century Panamá (Westport: Greenwood Press, 2001), págs. 71-89.
*Dirección: Associate Professor Mary Addis*
*Realización: Cheryl Johnson*
*Modificado 24/07/03*
* Istmo, 2001*