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INTRODUCCIÓN Es bien claro que este fin-de-siglo ha estado dominado por la capacidad de la humanidad para el desplazamiento. Se desplazn los capitales, las mercancías, las imágenes, los sonidos, los hábitos y las costumbres. Pero también continúan desplazándose las personas a ritmos antes nunca vistos. Las migraciones internacionales nunca fueron tan masivas. Se calcula que 120 millones de personas viven fuera de sus países de origen (United Nations, 1998).1 Pero a medida que estos flujos migratorios aumentan indeteniblemente, los obstáculos para frenarlos también se multiplican. Las motivaciones para partir siguen siendo las mismas: diferencia en los niveles de vida entre países, pobreza, búsqueda de mejores condiciones económicas y sociales, inestabilidad política, persecución religiosa, guerras, desastres naturales (Straubhaar, 1993). Sin embargo, se observa que los países de destino o receptores se muestran cada vez menos dispuestos a acoger a los trabajadores inmigrantes. Las fronteras se cierran y la fuerza pública interviene con mayor rigor. A menudo el desempleo creciente o las pobres expectativas sociales sirven de pretexto. Pero la condición de migrante (homo migrans) sigue siendo lo característico del ser humano. Desde una perspectiva más amplia, las Américas --como fenómeno histórico-- estarían ubicadas dentro de este fenómeno humano que es la migración. Este es un continente de inmigrantes, porque acá no hubo hominización, vinieron los indios, luego los europeos como inmigrantes, los africanos como esclavos, y construyeron esta vasta zona del mundo. Así, las sociedades de las Américas se han convertido en un complejo mosaico étnico construido a lo largo de cinco siglos de inmigración (Portes y Rumbaut, 1990). A pesar de este fenómeno tan significante, en realidad en torno a la migración se forman imágenes falsas, estereotipos animados por mecanismos que no dejan de ser perversos. En las Américas --como en tantas otras partes del mundo-- suele ocurrir que la justificación de las debilidades internas exige encontrar culpables que el inmigrante, es decir, el extranjero, por ser diferente y vulnerable, encarna a la perfección. Sin embargo, día a día se producen grandes migraciones. Innumerables familias, hombres, mujeres y niños se desplazan de un lugar a otro en condiciones de gran miseria, en algunos casos, y de gran dolor. El impacto de estas migraciones sobre la estructura social de países receptores es el objetivo del material que presentamos a continuación.
A.- EL CONCEPTO DE INTEGRACIÓN DEL INMIGRANTE Uno de los presupuestos básicos en relación a las consecuencias sociales de la migración es el de la capacidad y condiciones del inmigrante para integrarse a la sociedad receptora. Y la capacidad de recepción estará en relación a las políticas tomadas. Queda por dilucidar las fronteras, por veces confusas, entre las políticas migratorias y las políticas sociales. Es decir, ¿hasta qué punto políticas migratorias coyunturales que propicien la integración2 del inmigrante implican o necesitan complementarse con políticas sociales y demográficas de más largo alcance? En la medida en que exista un cuerpo de políticas que integre al inmigrante, su impacto sobre la estructura de la sociedad receptora será más racional, es decir, más adaptado a sus posibilidades. Lo más importante para nuestros propósitos es que la integración no se restringe en sí misma a las políticas oficiales, sino que se conecta con una amplia gama de procesos sociales: 1- La incorporación dentro de la estructura económica, política y social; 2- La naturaleza y alcance de la participación del migrante en las instituciones de la sociedad; 3- La emergencia de varias formas de desigualdad y exclusión a que conlleva la integración misma. Desde esta perspectiva es importante examinar aquellas condiciones sociales que facilitan o impiden la completa incorporación de los inmigrantes dentro del proceso social. El resultado de este proceso podría no ser su completa absorción sino la formación de grupos étnicos o de ghettos de inmigrantes (Rex y Mason, 1986). Según Castles es posible diferenciar cuatro enfoques distintos sobre la incorporación del inmigrante, cada uno de los cuales implica diferentes resultados: Asimilación: Es vista como un proceso de adaptación individual a los valores, normas y formas de conducta prevalecientes. Presupone la buena voluntad y habilidad de los inmigrantes para dejar a un lado sus características distintivas, así como la disposición de los grupos nacionales para aceptar a los nuevos miembros; Integración: Refiere un proceso de mutuo acomodo que envuelve tanto a los inmigrantes como a la mayoría de la población3;
Exclusión: Se refiere a la situación en la cual los inmigrantes son incorporados sólo a ciertas áreas de la sociedad --el mercado de trabajo-- pero se les niega el acceso a otras --la ciudadanía, participación política, seguridad social4; Multiculturalismo: Refiere el desarrollo de las comunidades de inmigrantes dentro de comunidades étnicas que se distinguen de la mayor parte de la población en cuanto a la lengua, la cultura y el comportamiento social. B.- PROBLEMAS SOCIO-ECONÓMICOS DE LAS MIGRACIONES Nuestro interés es considerar el tema desde una perspectiva global americana, si bien la experiencia de Venezuela en tanto país altamente receptor de migración constituye el material de nuestra exposición. El relativo largo período cubierto (1950-1990) ofrece la oportunidad de mirar más de cerca, y en perspectiva histórica, el impacto que las nuevas condiciones económicas han tenido sobre la migración y el desarrollo económico y social de ese país. Sin embargo, es necesario insistir en las dificultades con las que se topa el investigador a la hora de intentar hacer una evaluación realista del impacto de la migración sobre las estructuras sociales de los países receptores. Si bien es posible identificar variables tales como: las demandas educativa y de trabajo, la presión sobre el alojamiento o algunos aspectos psico-sociales, su evaluación exacta encuentra ciertas dificultades originadas en la ausencia de estadísticas o de información desglosada sobre las mismas. Nuestra investigación presenta más bien ciertas tendencias cualitativas, con un particular enfásis colocado sobre la necesidad de establecer un conjunto apropiado de índices que permitan medir tales impactos. Se han considerado distintos patrones migratorios observables desde la década de 1950, con sus respectivos cambios a partir de 1974 cuando algunas modificaciones ocurrieron en la naturaleza y composición de la migración. No hemos perdido de vista la importancia que la integración de los inmigrantes en las sociedades de los países receptores ha tenido en tanto componente importante de las políticas públicas5, con efectos significantes sobre variables tales como el mercado de trabajo, provisión de viviendas, educación y seguridad social, al mismo tiempo que sobre las instituciones políticas y sobre aquellas instituciones culturales relacionadas con temas tales como la identidad nacional. Las recientes migraciones, de larga escala entre los diferentes países de las Américas, han sido provocadas básicamente por factores económicos y/o en reacción a los peligros que representan los conflictos políticos, incluidas las guerras o la violación de los derechos humanos (Mármora, 1990; CELAM, 1994). Las situaciones causadas por esas migraciones requieren de la intervención y supervisión a niveles nacional e internacional. Acciones semejantes son requeridas en la medida en que los migrantes inducen eventualmente problemas políticos, sociales y económicos en los países receptores. Algunos problemas con efectos sobre las estructuras sociales de los países receptores incluyen:
No obstante, la migración conlleva a un conjunto de patrones específicos en las relaciones e interacciones del migrante, distintos a los prevalecientes en sus países de origen. El paso abrupto de un ambiente social y cultural a otro plantea serios problemas sobre la capacidad de adaptación tanto individual como colectiva del migrante. Al indagar específicamente sobre los problemas sociales causados por la migración, se encuentra que las medidas de integración adoptadas por los países receptores cumplen un papel básico. Pero estas medidas variarán sus resultados dependiendo de las circunstancias de cada país y del volumen y tipo de los flujos migratorios: si son masculinos o femeninos, si la migración es temporal o permanente, legal o ilegal, laboral o no. Nuestro argumento es que el fenómeno de la migración, por razones de empleo temporal o de residencia permanente, despliega impactos complejos y, por veces, contradictorios sobre la estructura social de los países emisores y receptores. Al evaluar el impacto social de las migraciones en los países de origen, es importante distinguir entre migración permanente y no-permanente. De la misma manera, el efecto de la migración de retorno difiere considerablemente en relación a:
C.- LA DINÁMICA DE LAS MIGRACIONES EN VENEZUELA De los anteriores criterios se desprende que la explicación de los factores que concurren en la dinámica migratoria, incluidos sus impactos sociales, requiere el examen del contexto histórico de cada situación. Tal como lo han sugerido Zolberg y sus colegas (1989), las fuerzas sociales identificables han de ser vistas como acontecimientos estructurados resultantes de un proceso histórico más amplio. Tanto más cuando sabemos que el paisaje migratorio en la región ha sido muy complejo y diverso en muchos aspectos. Es necesario, por lo tanto, establecer cómo la estructura económica, política, demográfica y cultural de las migraciones ha evolucionado en Venezuela hasta llegar a la estructura presente. El legado migratorio Venezuela ha sido siempre un país abierto a la inmigración. Desde el comienzo del período republicano, y durante todo el siglo XIX, ha sido una sociedad permeable. Las oleadas inmigratorias no fueron nunca un problema social mientras estuvieran sujetas y controladas por una política coherente. Entre 1810 y 1936 fueron promulgadas 13 leyes de inmigración, acompañadas de sus respectivos reglamentos, contratos para traer inmigrantes, y se organizaron comisiones de política inmigratoria (Berglund, 1982: 951). Venezuela disponía de un territorio grande y una población pequeña. Se pensaba en ese entonces que todos los males del país se iban a solucionar con la traida de inmigrantes. Pero aún con estas intenciones, acompañadas de leyes y decretos frecuentes, los inmigrantes fueron pocos. Uslar Pietri --uno de los ideólogos de la inmigración moderna en el país-- señalaba en 1944 que entre 1852 y 1888, entraron al país 26.090 inmigrantes; entre 1904 y 1935, llegaron otros 29.000. Es decir, esta cifra correspondía a un 1.5% de la población total. Y concluía en términos optimistas: "la inmigración es una de las claves fundamentales para el destino de la nación venezolana. Tan solo la inmigración puede colmar nuestro déficit de capital humano" (Uslar Pietri, 1944). Es sólo a partir de la década entre 1949 y 1958 cuando se produce una inmigración masiva de carácter legal. Desde entonces la entrada de extranjeros se presenta por primera vez como un factor demográfico y social significativo (para el estudio de este período: Páez Celis, 1973: 41ss; Chi-Yi-Chen, 1973; Kritz, 1975; Pellegrino, 1989). Hasta el final de los años 1950's, el país tuvo una política de inmigración abierta: la llamada "política de puertas abiertas". Al extranjero le era muy fácil el ingreso, la obtención del permiso de residencia permanente y de trabajo, así como la legalización de su status en caso de ingreso ilegal. De allí que el impacto social de estas migraciones fuese minimizado por las políticas existentes. Para 1956 se registró en el país una fuerte corriente migratoria, acompañada de un auge en las naturalizaciones de extranjeros. Según la Constitución Nacional de 1953 el derecho a ser venezolano por naturalización incluía: 1- a aquellas personas nacidas en el exterior, "si se domicilian en el país y manifiestan su voluntad de ser venezolanos"; 2- a los naturales de España o de los países latinoamericanos "que estén domiciliados en el país y manifiesten y les sea aceptada su voluntad de ser venezolanos"; 3- a los extranjeros que obtengan carta de Naturaleza (Brewer Carías, 1985: 939). En relación a los "Deberes y Derechos individuales y sociales" el texto constitucional disponía los mismos deberes y derechos tanto a venezolanos como a extranjeros. Estas circunstancias de legalidad migratoria y de facilidades dadas al inmigrante extranjero minimizarían el impacto social de las inmigraciones sobre las estructuras nacionales. A la fase de inmigración masiva 1949-1958 le siguió un registro con balance migratorio negativo para la primera mitad de la década de 1960. Con el final de la dictadura militar de Pérez Jiménez, a comienzos de 1958, se cierra la inmigración para volver a mostrar un nuevo auge a partir de 1973 (Venezuela: Dirección Nacional de Estadística y Censos Nacionales, IV: 93-95; Sassen-Koob, 1980: 65ss; Berglund y Hernández, 1985: 47ss; Pellegrino, 1989: 241ss). Migraciones durante la década de 1960 El nuevo régimen político, dominado por una alianza entre sectores democráticos y el movimiento popular, implementó el cierre de la inmigración que habría de durar a lo largo de la década de 1960's. Las razones fueron de dos tipos: 1- Político, oponerse a la estrategia de "puertas abiertas" mantenida por la dictadura durante los 50's, restringiendo el acceso de extranjeros, a quienes se les habían dado grandes prerrogativas políticas y sociales (e.g., el derecho del voto en el referendum de 1957 o su igualación jurídica con los nacionales) ; 2- Económico, la recesión que vivió el país, luego de 1958, produjo un alto porcentaje de desempleo lo que obligó a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), órgano que agrupaba la mano de obra del país, a solicitar al Presidente de aquel momento (Rómulo Betancourt) el cierre de las fronteras a los inmigrantes, principalmente a los europeos. Ante la presión que la mano de obra extranjera ejercía sobre el mercado de trabajo interno, el propio Presidente de la República describía la situación laboral del país en 1959 en términos que revelan el impacto de la política de puertas abiertas: "Hay en el país un desempleo generalizado y el número de personas sin trabajo alcanza una impresionante cifra" (Mensajes Presidenciales, V, 1971: 358). La Constitución Nacional de 1961 reflejó la restricción hacia el extranjero en las condiciones para la naturalización. Contrario a la Constitución de 1953, que otorgaba la nacionalidad casi automáticamente a los naturales de España o de cualquiera de los Estados latinoamericanos, la de 1961 señalaba que estos nacionales sólo "gozarán de facilidades especiales para la obtención de carta de naturaleza" (Brewer Carías, 1985: 967). Aún cuando los deberes y derechos de nacionales y extranjeros eran los mismos, esta Constitución privaba a los últimos de uno de los derechos políticos más importantes: el derecho al voto. El artículo 111 contenía la norma correspondiente: "son electores todos los venezolanos que hayan cumplido dieciocho años de edad" (Brewer Carías, 1985: 974); pudiendo hacerse extensivo a los extranjeros este derecho pero sólo para elecciones municipales. En consecuencia, la política inmigratoria del nuevo gobierno democrático se orientó hacia la selección de la entrada de aquella mano de obra calificada y necesaria con el objeto de disminuir la presión de las migraciones sobre el mercado de trabajo. Esto ocasionó una disminución en el número de personas que entraron al país: De 150.361 (1957) se pasó a 103.876 personas (1963). El saldo migratorio bajó de 75.542 en 1955 a un saldo negativo de -1.433 personas en 1963 (Venezuela: Consejo Nacional de Recursos Humanos, 1977; Berglund y Hernández, 1977: 50). Sin embargo, restringiendo el acceso al extranjero ocurrió, como era de esperar, un incremento de la inmigración y empleo ilegal de mano de obra foránea, con sus consecuentes repercusiones sociales. Migraciones de 1970's y 1980's A fines de la década de 1960, dada la condición de Venezuela de principal país receptor de trabajadores legales (e ilegales) de la región, el caso del empleo de inmigrantes en situación irregular se convirtió en un hecho de particular importancia. Esto agravó el impacto social de las migraciones, al mismo tiempo que cambió el patrón migratorio existente. Vista en perspectiva histórica, aquella política que cerró las puertas a los inmigrantes españoles, italianos y portugueses, reblandeció las fronteras a los vecinos latinoamericanos, fundamentalmente colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos y dominicanos, deprimidos por sus críticas condiciones económicas y sociales6. A quienes se añadieron posteriormente chilenos, argentinos y uruguayos debido a razones de persecución política en sus respectivos países. Puesto en otros términos, se evitó el ingreso legal de unos 200 mil europeos pero a cambio ingresaron al país en los años siguientes (1970-1979), por la vía legal e ilegal, cerca de tres millones de inmigrantes (Chi-Yi-Chen y Picouet, M., 1980: 51, 61; Pellegrino, 1989: 371). Esta ola inmigratoria comenzó siendo silenciosa, pero fue poco a poco en aumento en la segunda mitad de la década de 1960 y durante los 70's. Al final de estos años, la inmigración extranjera llegó a ser de tal magnitud que se convirtió en un grave problema nacional. Para afrontarlo el gobierno, sólo disponía de dos instrumentos jurídicos: la Ley de Inmigración y Colonización de 19367 y la Ley de Extranjeros de 1937, con su Reglamento de 1942. Es necesario señalar que esta última no puede ser considerada como una Ley de Inmigración, pues no contempla ninguna previsión en términos de política migratoria. Básicamente, la Ley de Extranjeros es una ley de control que establece los deberes y derechos de todos los extranjeros en el país, los cuales, en términos generales, no difieren en lo básico de aquellos concernientes a los venezolanos, excepción hecha de algunos derechos políticos. Bajo ambos instrumentos la política inmigratoria había sido concebida en función de tres elementos: 1- Como factor contribuyente al crecimiento poblacional, especial-men-te en las zonas rurales; 2- Como ayuda a mejorar los valores culturales y la organización social mediante la inserción de inmigrantes europeos; 3- Como factor de estímulo y expansión de la economía, principalmente del sector agrícola colonizando algunas áreas del país con portugueses, españoles e italianos (Kritz, 1975: 517-519; Chi-Yi-Chen y Urquijo: 1974; Sassen-Koob, 1980: 63-65; Berglund y Hernández, 1985). Ya para fines de la década de 1970 con la llamada "segunda onda expansiva" de migración internacional hacia Venezuela (Torrealba y Oropeza, 1988:110ss; Pellegrino, 1989: 241ss) lo que distinguió el proceso de inmigración --sobre todo luego de 1973-- no fue tanto el nivel cuantitativo, si bien este fue significativo, sino la redefinición de la política oficial en cuanto al lugar del inmigrante como factor de producción. En este contexto, la inmigración fue vista por el gobierno y diversos sectores privados de la industria y la agricultura como importación de mano de obra. El crecimiento de la producción agrícola y la alta tasa de urbanización crearon las condiciones durante esta década para una escasez de mano de obra sobre todo en el sector de la agricultura y, por consiguiente, surgió la necesidad de absorción de trabajadores extranjeros en condiciones legales o no. D.- CARACTERÍSTICAS DE LAS INMIGRACIONES Las principales migraciones eran aquellas de carácter laboral. Estas fueron --en un primer momento-- de carácter estacional, para suplir las necesidades de mano de obra agrícola. Y la presencia de inmigrantes, aún cuando fuesen ilegales, era aceptada por los distintos sectores nacionales, incluidos los empleadores, debido a su habilidad y capacidad para el trabajo. Además, su empleo era estimulado por aquellos patronos que veían como favorable, para sus propios intereses económicos, las precarias condiciones jurídicas del migrante ilegal. Pero, luego, estas migraciones fueron tomando un aspecto permanente. Los distintos migrantes laborales, principalmente colombianos, se fueron moviendo de las áreas rurales a las urbanas, donde encontraban mejores condiciones de empleo y salario. Ya para la primera mitad de la década de 1970, el empleo ilegal de inmigrantes comenzaban a convertirse --desde el punto de vista de su impacto sobre las instituciones sociales-- en fenómeno crítico. Un estudioso de esta problemática, Norman Gall, señalaba: "La inmigración procedente de Colombia parece haberse convertido en la migración más grande en la historia de la América del Sur" (cit. en Berglund y Hernández, 1985: 63). Por su parte, el Presidente del Congreso de Venezuela, para aquel momento, Godofredo González, declaraba al respecto: "La inmigración clandestina masiva es nuestro problema social más apremiante" (El Nacional, 11.4.1980). Una de las aristas del problema reconocido oficialmente era, precisamente, la presión sobre la estructura social interna. La presencia de extranjeros, en su gran mayoría latinoamericanos, ingresados y/o establecidos al margen de las leyes y políticas migratorias vigentes, en una proporción que a mediados de 1980's --según algunos autores-- no era inferior al 10% del total de la población (esta se situaba en 13 millones; Didoné, 1983: 407)8, fue configurando en Venezuela una realidad económica, social y cultural todavía no lo suficientemente evaluada. Composición de la inmigración y su presión social En cuanto a su composición tenemos lo siguiente. De la información contenida en algunos estudios sobre deportaciones, realizados en la época de la explosión demográfica clandestina --entre 1974 y 1982-- es posible derivar ciertas características de esta inmigración conexas con la materia que exponemos.9 1- Más del 80% de la inmigración clandestina eran hombres en edad productiva. La mayor parte de ellos (70%) eran solteros con bajo nivel educativo. El 60% de los entrevistados eran analfabetos o con educación primaria incompleta; 2- La mayoría de entre ellos vinieron solos a Venezuela. El 90% tenía sus familias en Colombia, lo que aminoraba la presión sobre las instituciones educativas; 3- El 80% de los encuestados señaló el desempleo y las expectativas de mejor salario como motivos para emigrar; 4- El 73% era empleado como trabajador asalariado. Un 70% logró conseguir empleo en un lapso comprendido entre 1 y 8 días. De éstos, el 40% afirmó haber conseguido trabajo por medio de amigos o familiares establecidos legal o clandestinamente en el país. El 73% de los encuestados se colocó en pequeñas empresas ubicadas en el sector informal de la economía, de manera de escapar más fácilmente a los controles oficiales; 5- Finalmente, la distribución sectorial de la ocupación fue la siguiente:
La mayor parte de esta población estaba asentada en las áreas urbanas, donde se expresaba más críticamente su impacto social. En 1981, se calculaba que un 82.89% de los inmigrantes colombianos vivían en ciudades, mientras que un 15.80% lo hacía en áreas rurales y urbanas fronterizas (O.C.E.I., 1981; Bidegain y Freitez, 1989). La remuneración percibida podía ser en salario pagado semanal o quincenalmente; o bien como parte de un paquete que incluía salario, comida y/o vivienda. El promedio salarial mensual fue de US$ 345 en 1982, con valores máximos de US$ 408 en el grupo de comerciantes, y mínimos de US$ 166 entre los trabajadores agrarios (Torrealba y Oropeza, 1988: 125-126). La numerosa comunidad colombiana establecida legalmente (227.000 personas para mediados de 1979) operaba, al mismo tiempo, como un factor de atracción de inmigrantes al país bajo la modalidad de "reunificación familiar". Adicionalmente, se hizo evidente un flujo turístico de familiares, parientes y amigos de migrantes ya legalizados, sobre todo colombianos, dadas las facilidades de acceso por la condición de países vecinos, de los cuales un alto porcentaje entraban con la finalidad de residir entre el resto de la población colombiana con residencia y empleo ilegales en Venezuela (Resumen, vol. XXV, No 309, 7.10.1979, p. 19). Las reacciones oficiales ponían en evidencia la gravedad del asunto, sobre todo en lo que se refiere a la presión ejercida sobre las estructuras sociales. Por veces los términos que expresaban el problema eran bastante extremos: "Dos millones de indocumentados. Estamos importando subdesarrollo y escoria. Esos millones de inmigrantes ilegales y 'turistas' que se quedan son un problema tan grave que tiene implicaciones de política interna e internacional" (Entrevista con el Director de Control y Extranjería de la DIEX, El Nacional, 22.7.1979). La magnitud del problema sobrepasaba las capacidades administrativas en materia inmigratoria del Estado. Este mismo alto funcionario lo reconocía: "Me siento impotente ante el problema de las migraciones clandestinas" (Resumen, vol. XXVI, No 330, 2.3.1980). Por lo general, los destinos finales de los inmigrantes eran las zonas bananeras de la Costa Sur del Lago de Maracaibo, las haciendas ganaderas del Distrito Perijá en el Zulia, las distintas regiones productoras de caña de azúcar, los prostíbulos de las distintas zonas rurales o urbanas, las fincas de café del Táchira, los asentamientos de la reforma agraria, las zonas boscosas donde trabajaban en el tratamiento de la madera, la economía informal en los principales núcleos urbanos, o bien las zonas industriales donde se desempeñaban como obreros. Otras formas de empleo en las grandes ciudades podían ser las de jardinero, chofer o empleado doméstico en casas de políticos y hombres de negocios: "El 99% de las familias pudientes tienen domésticas extranjeras mayormente ilegales" (Resumen, vol. XXV, No 306, 16.9.79, p. 35 Sylva, R. " 'Xenofobia' ¿o un 'ya basta'?" Es dentro de este contexto que analizaremos el impacto social de la migración. Veamos, por ejemplo, algunos indicadores de la presión sobre el mercado de trabajo, sobre el sistema de salud y en lo referente a los servicios públicos. Mercado de Trabajo: A aquel millón de inmigrantes legales que el gobierno estaba dispuesto a ingresar, se le sumaron dos millones de inmigrantes ilegales atraídos por la fiebre del petróleo y la riqueza fácil, además de las precarias condiciones económicas y sociales de sus países de origen. Con estos flujos migratorios se agravaron los problemas sociales de Venezuela y, lo que es peor, el gobierno se mostró carente de una política social y demográfica coherente para afrontarlos. Al problema ecónomico se le añadían consecuen-cias de carácter social que tendían a agravarse por la existencia en el país de un gran número de empleadores para los inmigrantes ilegales.10 La presión sobre el mercado de trabajo interno era inevitable. Se calculaba la siguiente proporción: "por cada tres extranjeros en el país hay dos ilegales; por cada siete venezolanos hay un indocumentado (Cárdenas, 1979a:19). Toda esta inmigración ilegal pertenecía a la población económicamente activa. Un informe de la O.I.T., que examinó la inserción laboral de ilegales, reveló que de 200 encuestados, el 91% estaba entre los 16 y 35 años (SIC,1980: 153). Sistema nacional de salud: Este fue otro de los sectores que recibió más presión. Algunas cifras indican que entre 1978 y 1983 un alto porcentaje de inmigrantes recibieron tratamiento en centros de salud. Según información suministrada por el Ministerio de Salud y Asistencia Social y la Oficina de Recursos Humanos, un 17% de las camas de un importante hospital de Caracas (Maternidad Concepción Palacios) fueron ocupadas por inmigrantes. Mientras que durante el mismo período, en otras ciudades importantes del país (Maracaibo y Puerto Ordaz), la ocupación fue del 39%. También se encontraron los siguientes porcentajes: el 15% de los casos de malaria registrados en el país, el 20% de casos de fiebre amarilla, el 20% de las enfermedades venéreas, 40% de la prostitución, 100% de casos de tuberculosis y 13% de los casos de lepra correspondieron a inmigrantes (Ministerio de Salud y Asistencia Social, 1984; Pinto, 1981: 243). Servicios públicos: Según la encuesta de hogares por muestreo que registra algunas de las características de vida de las casas en que habitan los colombianos en áreas urbanas, el agua llegaba prácticamente a la totalidad de las viviendas. En 1981 recibían el servicio el 87% de la población colombiana y en 1986 el 87.5% (O.C.E.I., 1981, 1986). Y este acceso al servicio no correspondía sólo a los apartamentos o casas de vecindad, sino que era también extensivo a los ranchos "donde prácticamente la recibían ocho de cada diez (78.7%) en 1986" (Bidegain y Freitez, 1989: 41). Pero el mayor aumento en el acceso a los servicios se daba en las cloacas o eliminación de excretas. En 1981, el 74.6% tenía acceso a este servicio a través de cloacas o pozos sépticos, frente al 85.1% en 1986. En relación al alumbrado eléctrico, en 1986 sólo un 5% de las viviendas ocupadas por colombianos no tenía acceso al alumbrado eléctrico. Más aún, en los ranchos "nueve de cada diez poseen luz eléctrica" (Bidegain y Freitez, 1989: 42). Es importante señalar que en el quinquenio 1981-1986 se produce un aumento importante de ranchos. Quedaría por saber si esto responde a la presión de la migración internacional o al movimiento interno de la población. Lo cual es díficil saberlo con instrumentos estadísticos del tipo Encuesta de Hogares por Muestreo, sólo una encuesta específica podría dar respuesta a este punto. Estos indicadores dan, por tanto, una idea de la presión que la población inmigrante ejercía sobre los servicios públicos. Pero, entre estas masas de migrantes también se generaban profundas presiones sociales en la medida en que la mayoría era sometida a duras condiciones de trabajo: para su propia manutención, para recuperar lo pagado a los intermediarios y para ayudar a su familia, que por lo general dejaban en el país de origen. Los sueldos percibidos eran muy bajos, porque los empleadores (dueños de fincas, industriales, constructores, dueños de bares y prostíbulos o amas de casa) aprovechaban la condición de ilegal del trabajador y su desamparo jurídico. No tenían ante quien quejarse pues temían ser deportados del país. Una vez bajo el dominio del "patrón explotador", comenzarían a trabajar "como esclavos por sueldos inferiores a los venezolanos", mecanismo clásico de exclusión. Luego los patrones dirían sin ningún escrúpulo: "sin la mano de obra ilegal se paralizaría la agricultura" (Resumen, Vol. XXVI, No 326, 3.2.80, p. 25). A lo que se añade la evasión, por parte de los empleadores, del pago de impuestos al no declarar al trabajador ilegal; o la no protección del seguro social a éstos, así como de otras prerrogativas sociales que la ley otorga a la mano de obra nacional (Delgado, 1982: 58-59; Gómez y Díaz, 1983: 106ss). Las condiciones socio-económicas de esta forma de empleo eran --en consecuencia-- precarias. Dado su carácter de irregular e inestable, esta modalidad de empleo magnificaba el impacto social de las migraciones. Por lo general se recibía un pago a destajo, es decir, por cantidad de trabajo realizada. Esto permitía a los agricultores, constructores, comerciantes e industriales venezolanos apropiarse de la mayor cantidad de trabajo posible. Igualmente, tampoco se incurría en gastos de seguridad social u otras normativas legales amparadas por la Ley del Trabajo, lo que hace casi inexistentes los mecanismos de integración a la sociedad de los países receptores. En el estudio realizado por la O.I.T. en 1979, referido anteriormente, se entrevistaron al azar 200 deportados colombianos. Se descubrió que el 83% trabajó en pequeñas empresas, las cuales evadían, a través del empleo de migrantes ilegales, el pago de horas extras y de prestaciones sociales (cit. en Berglund y Hernández, 1985: 66). Tratamiento oficial del proceso migratorio Luego del acelerado incremento de las inmigraciones y el empleo ilegal durante los 70's, comienza a hacerse manifiesta la preocupación oficial por los problemas relacionados con las migraciones laborales. Ya en el IV Plan de la Nación (1970-1974), al definirse la política de empleo, se proponen algunos puntos que reflejan la posición oficial: "por los agudos problemas sociales que entraña, un aspecto que merece especial tratamiento en la política de empleo es el relativo a la inmigración fronteriza". El problema ocupacional existente no podría sino agravarse de continuar "el aumento indiscriminado e incontrolado" de la inmigración y el empleo de extranjeros. Algunas de las consecuencias sociales eran ante los ojos del gobierno: el desplazamiento de la mano de obra nacional, deterioro del nivel de salarios y la agudización del desempleo y el subempleo. La política oficial apuntaría, por lo tanto, hacia lo siguiente: "los trabajadores provenientes del exterior, podrán incorporarse al mercado de trabajo del país sólo para cubrir --vía inmigración selectiva-- las necesidades de personal que no pueden satisfacer los recursos humanos nacionales" (CORDIPLAN, 1971:190; Torrealba y Oropeza, 1988:112). Se adopta de nuevo el esquema de una política migratoria selectiva y gradual. Pero ésta se vió afectada muy rápidamente, en especial a partir de 1974, con el incremento de los precios del petróleo en el mercado internacional. En esta coyuntura se produjo un cambio radical en el funcionamiento del aparato económico nacional. El ingreso fiscal se incrementó de US$ 3.821 millones en 1973, a US$ 9.961 millones en 1974. Las inversiones estatales crecieron --por lo tanto-- en un 300% entre 1973 y 1976. De éstas, la parte que se destinó al sector industrial aumentó 10 veces en el mismo período, y más de 4 veces en el caso del sector agrícola (Venezuela. Dirección Nacional de Presupuesto, 1977; Banco Central de Venezuela, Informe Económico, 1977; Sassen-Koob, 1980: 70; Torrealba y Oropeza, 1988: 110). Una consecuencia inmediata del contexto anterior fue la discusión entre distintos sectores gubernamentales, sobre los problemas económicos y sociales que el ingreso y empleo ilegal de migrantes estaba causando. El resultado se sintetizó en el surgimiento de dos corrientes de opinión: Una defendía la tesis de tomar medidas inmediatas para controlar los ingresos masivos, tales como el cierre de fronteras, control de entradas al país, persecución a la corrupción en la expedición de visas, vigilancia de los "caminos verdes" y regularización de los trabajadores clandestinos. En fin, se proponía diseñar y poner en ejecución una política de migración restrictiva coherente con los planes de desarrollo nacional, así como aplicar estrictamente la Ley de Extranjeros. La segunda corriente, era partidaria de incluir el problema de las migraciones y el empleo clandestino en la agenda de los problemas internacionales que estaban debatiendo Colombia y Venezuela en aquel momento (El Universal, 22.1.80; Motta y Antequera, 1983: 81; Torrealba y Oropeza, 1988: 172) A ambas posiciones se sumarían las del sector empresarial quienes veían en la escasez de mano de obra uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y la expansión del capital. De allí, entonces, su apoyo a la inmigración y empleo de extranjeros así fuese en condiciones irregulares, sin importar el impacto social que esto pudiese acarrear consigo. Igualmente, los sindicatos consideraban la "inmigración selectiva", a la cual se habían opuesto durante los 60's, como un factor importante de crecimiento económico y eficiencia laboral (Sassen-Koob, 1980: 71-72). Estos tres sectores --gobierno, empresarios y trabajadores-- conformaban la llamada "Comisión Tripartita de Inmigración Selectiva", creada por disposición oficial en octubre de 1976 (Torrealba y Oropeza, 1988: 114). Como resultado, se impusieron algunos de los criterios de la primera corriente de opinión y se comenzaron a implementar distintas medidas restrictivas. En complemento a las medidas consideradas anteriormente, el gobierno aprobó entre 1977 y 1979 algunos instrumentos jurídicos que tenían que ver directamente con el problema de las inmigraciones y empleo de no nacionales, así como con su protección social. El primero de ellos fue el "Instrumento Andino de Seguridad Social" (Decisión 113 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, 14.2.1977), convertido en Ley de la República en diciembre del mismo año. Con éste se buscaba amparar integralmente al trabajador migrante y su familia bajo el régimen de seguridad social extendiendo "los beneficios de los que goza un trabajador en su país de origen, a toda la subregión. Se aplica en casos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, prestaciones de invalidez, vejez y muerte, amparando integralmente al trabajador inmigrante y a su familia" (Torrealba y Oropeza, 1988: 115; Pellegrino, 1989: 247; Sassen-Koob, 1980: 78-79). El segundo cuerpo jurídico --firmado en 1977-- fue el "Instrumento Andino de Migración Laboral" (Decisión 116 de la Junta del Acuerdo de Cartagena), el cual se convirtió también en Ley Nacional el 20 de septiembre de 1978. Este estaba destinado a definir la normativa concerniente a las migraciones laborales entre países del área andina. Se definían tres categorías de trabajadores migrantes: "trabajador calificado", "trabajador fronterizo" y "trabajador temporal". Al ratificar este Instrumento, el gobierno venezolano se comprometía a crear una oficina de migración laboral y a "adoptar las previsiones tendientes a regularizar la situación de los trabajadores ilegales que probaran haber ingresado al país antes que el Instrumento entrara en vigencia" (Torrealba y Oropeza, 1988: 115; Pellegrino, 1989: 247; Sassen-Koob, 1980: 84). Matriz socio-económica de los inmigrantes Como consecuencia del anterior acuerdo, el gobierno venezolano asumía el compromiso de regularizar la situación de aquellos inmigrantes que se encontrasen en situación irregular. Es de esta manera que en 1980, por decreto de la Presidencia de la República, y según estaba previsto en la Ley de Extranjeros, se decide llevar a cabo un censo de extranjeros, mejor conocida como la "Matrícula General de Extranjeros". De la misma puede extraerse cierta información útil a los propósitos del presente trabajo (Van Roy, 1983). La composición por sexo de la población ilegal matriculada indica que el elemento masculino era predominante. Esto es válido en especial para los colombianos (54.4% varones y 45.6% hembras), ya que en otras nacionalidades predominaba la población femenina (ecuatorianos 55.3%, chilenos 55.7%, dominicanos 58.4%). De igual manera, se trataba de una población joven, el 77.1% de la Matrícula total estaba comprendido en los grupos de edades de 15 a 40 años (DIEX, 1981). En relación con algunos indicadores socio-económicos, se tiene lo siguiente: -Educación y empleo: El 16% de la población registrada resultó ser analfabeta, el 65% tenía algún grado de instrucción de nivel de primaria y el 18% de nivel de secundaria. Menos del 1% tenía alguna instrucción de nivel técnico o superior. La población en edad de trabajar (15 años y más) concentraba el 86.2% del total de los matriculados. La tasa bruta de participación de esta población en el trabajo era de 63%, ubicándose por encima de la de los nacidos en el exterior, la cual era de 59.1% (Michelena et al., 1984: 38). Desde el punto de vista del empleo, esto indica que la población ilegal estaba orientada fundamentalmente hacia el trabajo, aún cuando la población económicamente activa de los matriculados fuese bastante joven. - Población legalizada y estructura laboral: En relación con la inserción laboral, esta no puede ser claramente establecida a partir de la información recogida en la Matrícula. Se puede, sin embargo, establecer la profesión de los extranjeros censados. Entre la población inscrita se declararon casi 300 tipos de empleo u ocupaciones distintas, de los cuales cinco resultaron los más comunes, representando un 71.6% de la población económicamente activa ilegal (Berglund y Hernández, 1985: 69-70). En orden de importancia, los trabajos más frecuentes fueron: obrero, servicio doméstico, agricultor, albañil y mecánico. Si analizamos la tasa de desempleo entre los indocumentados, se encuentra que esta fue de 1.5% siendo mayor entre las mujeres (2.0%) que entre los hombres (1.3%). Estos valores de desocupación eran menores que los de la población extranjera legal (2.1%) y los de la población nacional (6.1%) (Cifras para el segundo semestre de 1980, CORDIPLAN, 1983: 210; Torrealba y Oropeza, 1988: 128). Resumiendo, se podrían adelantar varias cosas: 1- Un cuarto de los ocupados entre los inmigrantes irregulares son, o bien trabajadores por cuenta propia, o bien del servicio doméstico; 2- Algunos estudios revelan que un quinto de los indocumentados eran trabajadores por cuenta propia; del resto, más de tres cuartos trabajaban en pequeñas empresas de menos de 20 empleados (Michelena et al., 1984: 41); 3- A lo anterior podemos añadir que la mitad de estos trabajadores por cuenta propia vivían en el mismo sitio de trabajo, e igual proporción no recibía prestaciones ni tampoco era amparado por la seguridad social. Casi un cuarto de éstos no percibían salario fijo (Michelena, et al., 1984: 41-42). De lo anterior puede deducirse que un alto porcentaje de indocumentados se ubicó en el sector informal de la economía. Esta forma de inserción laboral es más segura para el trabajador irregular porque las pequeñas empresas están sometidas a un menor control y vigilancia por parte de los organismos laborales y de seguridad. Lo que al mismo tiempo hace más difícil el registro exacto del impacto social de este tipo de migración. Además, en las empresas pequeñas existe mayor propensión a contratar mano de obra ilegal en condiciones precarias --con sus respectivas consecuencias sociales-- como una manera de abaratar los costos de mano de obra (Torrealba, 1985: 29). E.- IMPÁCTO SOCIAL RECIENTE DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL La problemática de la migración y su impacto social en Venezuela no quedó de ninguna manera resuelta con los distintos mecanismos institucionales (tratamiento administrativo, reformas parciales a la política migratoria, cambio en los regímenes legales o el intento por censar y legalizar la población inmigrante) que fueron adoptados entre 1976 y 1983. Es innegable la importancia y la participación de los inmigrantes en el desarrollo del país, a pesar de los problemas generados por su presencia, principalmente su impacto social. En términos de empleo, esos casi 300.000 clandestinos legalizados a comienzos de 1980 tendrían el derecho a reclamar igualdad de condiciones con los venezolanos: salarios justos, prestaciones sociales, seguridad social. Esto generó, además de la obvia competencia por los cada vez más escasos puestos de trabajo, una presión sobre el sistema educativo y sobre la capacidad de alojamiento, lo que trajo la concentración de migrantes en ciertas regiones o en suburbios urbanos, con el consiguiente incremento de la marginalidad social y de la presión sobre los diferentes --y por veces escasos-- servicios públicos (electricidad, agua, transporte, aseo urbano, teléfono, etc.). Esta inmigración --al menos la registrada legalmente-- presentó una tendencia negativa durante la segunda mitad de los 80's y comienzos de los 90's. Durante este período se observó más bien una migración de retorno. Entre 1991 y 1995 los saldos migratorios anuales de la población extranjera (tanto de colombianos como de europeos) siguió registrando signo negativo. De esta manera, persiste en nuestros días la tendencia al retorno iniciada desde mediados de la década anterior. TABLA 1
FUENTE: - Población..., OCEI, "Venezuela: Situación Demográfica", Caracas, 1994. - Saldos..., Minist. de Relaciones Interiores, Dirección de Extranjería, 1995. Esta caída de los valores inmigratorios, y en consecuencia del impacto social del inmigrante, está relacionada con dos factores: 1- El proceso de crisis reciente de la economía nacional, altas tasas de desempleo y la progresiva devaluación de la moneda nacional; 2- La recuperación de la economía colombiana, lo que hace menos atractivo emigrar a Venezuela por razones económicas. Aún cuando en la composición de los inmigrantes se mantiene la preeminencia de los colombianos, es necesario destacar el incremento de la presencia de dominicanos, peruanos y ecuatorianos.11 Por su parte, entre los emigrantes del Cono Sur se observó a fines de los 80's un regreso a sus países tras el inicio del proceso de democratización en Chile, Uruguay y Argentina. Igual ocurre con los europeos de mayor presencia en el país (españoles, italianos y portugueses), para quienes el retorno encuentra justificación dadas las mejores condiciones en sus naciones de origen, ahora organizadas alrededor de la Unión Europea. El círculo vicioso de la ilegalidad De esta manera, en Venezuela el impacto social de las migraciones durante los períodos descritos es necesario inscribirlo dentro de una estructura migratoria de ilegalidad, con una principal repercusión sobre el mercado de trabajo y el empleo, así como una presión sobre los principales sistemas sociales (educación, vivienda, seguridad social, salud) y servicios públicos. A partir de los años ochenta se cerró el ciclo de las dos "olas migratorias" legal e ilegal. El sostenido decrecimiento económico y el evidente deterioro de la calidad de vida, unido a los últimos desarrollos políticos en el país, a partir de diciembre de 1998, han dado inicio a un nuevo período de contracción inmigratoria y empleo ilegal de extranjeros cuyos efectos sociales se mantienen hasta nuestros días. Muchos de los inmigrantes han comenzado a convertirse en emigrantes. A pesar de lo cual, el problema de la magnitud de la población extranjera en condición ilegal --y su impacto social-- continúa siendo objeto de especulación por parte de algunos líderes de opinión y medios de comunicación. Precisamente, las propias autoridades migratorias señalan la imposibilidad de cuantificar ilegales en Venezuela. Así lo confirmó la ex-Directora de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONI-DEX), Delia Da Silva, al señalar: "no hay manera de determinar cuantos extranjeros ilegales residen y laboran en Venezuela" (El Globo, 1.3.98: 3). En consecuencia, mientras persista tal imposibilidad se hace bastante difícil cuantificar y deslindar el impacto social de los inmigrantes. No obstante, la imposibilidad de conocer exactamente el número de trabajadores ilegales, es necesario tomar en cuenta que normalmente la inmigración ilegal sigue el comportamiento global de los flujos migratorios. Si éstos se han desacelerado en Venezuela en la última década, porque el país ha perdido su carácter atractivo, cabe esperar el mismo efecto en relación al impacto social de la inmigación y empleo de ilegales (SIC, año LX, No 600, diciembre 1997: 477). De manera que hoy día continúa la presencia de extranjeros en el mercado de trabajo venezolano, pero con un impacto social sensiblemente inferior al registrado en el pasado. Lo cual ha contribuido a amortiguar algunos efectos indeseables de la migración. Sin embargo, esto no ha sido óbice para detener la presión social que origina la inmigración ilegal. Por el contrario, ésta se ha convertido, según los propios voceros oficiales, en "un círculo vicioso díficil de resolver" (El Globo, 1.3.98: 3). Aspectos sociales generales de la inmigración en Venezuela A estas alturas de nuestra argumentación queda claro que si bien el país siempre ha requerido, para el cumplimiento de sus programas de desarrollo, de la mano de obra calificada extranjera, su realidad inmigratoria ha sido de mano de obra no calificada y contratada en condiciones de irregularidad. Esto es consecuencia de haber prevalecido una política de admisión de extranjeros sin estrategia y sin objetivos definidos, los cuales terminan distorsionando la esencia de la sana política inmigratoria que se ha requerido, generando, por el contrario, indeseables efectos sociales. El gran problema es, en consecuencia, que la inmigración no ha sido del todo planificada. En lugar de instaurar mecanismos reales --y no sólo en el espíritu de las políticas deseadas, como aquella de la "inmigración selectiva" de los años 60-- que permitan el ingreso de aquella mano de obra especializada que las actividades económicas del país reclaman, lo que se observa son las calles de las principales ciudades llenas de inmigrantes (no sólo colombianos, sino también ecuatorianos, peruanos, haitianos y trinitarios) realizando actividades del sector informal. Inmigrantes que, a su vez, compiten desde el punto de vista social con los nacionales por los limitados espacios en materia de empleo, de salud, de educación y de servicios, particularmente en las zonas fronterizas. Esta realidad ha sido reconocida oficialmente. En marzo de 1992, en un Foro auspiciado por la Academia Nacional de Ciencias Económicas, donde participaron relevantes figuras de la política nacional, una de ellas, Pompeyo Márquez, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara del Senado, comenzaba su intervención con las palabras siguientes: "Las migraciones se han convertido en un gran problema nacional... Se ha llegado a esta situación por la desidia, por la irresponsabilidad con que se ha tratado a lo largo de todas estas décadas todo el tema migratorio con sus derivaciones sociales, laborales, y en especial en lo atinente a Colombia y a los países andinos" (Sequera y Crazut, 1992: 29). De esta manera, la respuesta a la pregunta que servía de base a esta jornada: "¿Existe una política inmigratoria?", era un rotundo NO. Por supuesto, nos referimos a aquellas migraciones determinadas por razones estrictamente económicas y sociales, que son las que han adquirido características de "gran problema nacional". El corazón del asunto se encuentra en el hecho de que toda la estructura jurídica que rige la materia responde a realidades pasadas; de allí que toda la normativa legal vigente se presenta con un marco jurídico contradictorio con el presente que vive Venezuela y con las circunstancias que caracterizan la realidad regional e internacional que la rodea. En efecto, mientras la Ley de Inmigración y Colonización vigente desde 1936 impone al Ejecutivo Nacional la obligación de promover por todos los medios la inmigración, especialmente en el área agrícola, la Ley de Extranjeros está dirigida a restringir los derechos de éstos en el país. Si bien los recursos humanos provenientes del extranjero se orientarían hacia el proceso agro-industrial, la realidad presentó un cuadro diferente: la concentración tanto de los inmigrantes como de los nativos en los centros urbanos con mayor volumen de población, dando origen al perfil urbano-regional de la Venezuela actual con todos los problemas económicos y sociales que el mismo acarrea. Uno de ellos: la creación y acrecentamiento de los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Algunos indicadores nos muestran la cuestión:
CONCLUSIÓN He aquí, en breve, la paradoja que resume el caso venezolano: la inmigración y empleo de extranjeros ha pasado a convertirse de panacea, para resolver los problemas del desarrollo, en un problema acumulado históricamente y aún no resuelto, con graves efectos sociales. Lo cual implicará en un futuro inmediato mayores esfuerzos y seriedad en el diseño de una política poblacional integral capaz de integrar coherentemente al inmigrante (en el sentido de asimilarlo sin excluirlo) de manera de amortiguar el impacto social de la migración. La fusión de una política migratoria con una política social que, sin perjudicar al país, preserve la contribución de los migrantes al desarrollo económico y social venezolano, sería la base de la integración del extranjero. La solución a la problemática de la inmigración, a la luz de las presentes realidades económicas, sociales y demográficas internas, implica tomar en cuenta las necesidades de crecimiento y diversificación de la economía, la racionalización de los incrementos de población y, sobre todo, la corrección de su acentuada tendencia a la concentración en medios urbanos, así como la situación de desempleo y desajustes sociales planteados en las páginas anteriores. Pero, todo esto implica abarcar distintas esferas. Una esfera legal que se refiere a la necesidad de poner a la legislación existente a tono con las nuevas realidades. Particularmente, en todo lo que tiene que ver con los desarrollos económicos y sociales de la zona fronteriza, ubicándolos dentro del marco de la integración regional y más específicamente de la integración colombo-venezolana. Objetivo semejante conlleva a otra esfera que es la correspondiente a la estructura institucional, que comienza con la reorganización de las instancias existentes. Esto permitiría el seguimiento y control de todo extranjero que ingresa al país. Si no se tiene este control mal podría amortiguarse todo el problema social que las inmigraciones tienden a generar. Sólo de esta manera es posible discutir con los gobiernos de los países emisores de población --Colombia en primera instancia-- la elaboración de convenios muy claros en materia de servicios. De allí, entonces, una tercera esfera de acción que es la esfera social que ha de contemplar aquellas leyes sociales que protegan a los migrantes y a sus derechos extensivos para su familia. Sin embargo, hasta ahora, podría señalarse, que las gestiones inmigratorias del Estado venezolano no han pasado de ser letra muerta en el esfuerzo de ejercer algún tipo de canalización en la movilidad de las personas a través de las fronteras. De la misma manera no se observa, en tanto país receptor, el desarrollo de políticas coherentes de integración del inmigrante, a pesar de que podría contarse --como de hecho se cuenta-- con la asistencia internacional. En suma, tal como ya ha sido señalado, en los movimientos migratorios internacionales hacia Venezuela más han pesado las circunstancias históricas y coyunturales que los esfuerzos estructurales (jurídicos, legislativos e institucionales) para regularlos (Bolívar Chollet, 1994: 217)
vuelve 1. Lo cual representa aproximadamente un 2.5% de la población mundial. United Nations (1998). vuelve 2. Este término refiere aquellos procesos a través de los cuales los inmigrantes se incorporan a las sociedades de los países receptores. Sin embargo, algunos autores (Castles, 1998: 247ss) consideran más correcto hablar de diversas formas de incorpo-ra-ción de los inmigrantes, entre las cuales la integración es sólo una posible variante. vuelve 3. El enfoque integracionista responde a tres cuestiones básicas: 1- La percepción de que los inmigrantes no se asimilaban simplemente como individuos, sino que tendían a formar asociaciones políticas, sociales y culturales, así como a mantener hábitos y conductas de sus lugares de origen; 2- Se hacía claro que los inmigrantes tendían a concentrarse en ocupaciones particulares y áreas residenciales de manera que los elementos cultural y clasista se vinculaban; 3- Al formar los inmigrantes grupos y asociaciones, éstos se convertían en críticos del carácter marginal de sus culturas y conductas. vuelve 4. La exclusión puede tomar lugar a través de mecanismos legales (rechazo a la naturalización o distinciones entre los derechos de los nacionales y de los no-nacionales) o a través de prácticas informales (xenofobia y discriminación). En este sentido, los inmigrantes se convierten en minorías sin derechos, formando parte de la sociedad pero excluidos del Estado y la nación. Esta condición coloca al inmigrante en términos de debilidad. Sin embargo, algunos empleadores se aprovechan de tal condición e incluso propician este tipo de modelo excluyente. vuelve 5. Incluída la política internacional, tal como fue señalado en una importante reunión de expertos en inmigración --auspiciada por la American Assembly-- a comienzos de 1996: "International migration is rising to the top of the foreign policy agenda" (Teitlebaum y Weiner, 1996: 299). vuelve 6. En el caso colombiano, por ejemplo, las razones económicas para emigrar eran evidentes. Algunos resultados de las investigaciones presentadas en el Sexto Seminario del C.I.M., en 1983, sobre migración de indocumentados, demostraron "that the main factor determining migration was a decline in incomes in the country of origin vis-à-vis the attraction of a stronger currency in the country of destination", (Cely ). vuelve 7. El artículo primero de esa Ley señalaba: "El Ejecutivo Federal propenderá, por todos los medios directos e indirectos, al fomento de la inmigración y colonización en Venezuela", (Venezuela, 1942: 2004). vuelve 8. Mateo Didoné fue director durante los años 80’s del Centro de Estudios de Migración en Caracas (C.E.P.A.M.). Sin embargo, sus cálculos sobre el porcentaje de población extranjera ilegal lucen conservadores. Si se toma en cuenta que según el Censo General de 1980, la población del país era de 13.913.218 personas, y que se estimaba la presencia de unos dos millones de ilegales, esto arroja un porcentaje del 14% (Suárez Nuñez, 1980: 20-21 y "Entrevista con Director de Extranjería", ambos documentos en Resumen, vol. XXVI, No 330, Caracas, 2.3.1980). vuelve 9. Véanse los trabajos de Bérmudez, 1979; Murillo, 1979; Mansilla, 1980; Mármora, 1982; Delgado, 1982; Didoné, 1983; Torrelaba, 1985; Pellegrino, 1989; Torrealba y Oropeza, 1988. vuelve 10. Se estimaba que en cada restaurant de Caracas y las principales ciudades del país (Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, San Cristóbal) había por lo menos un trabajador inmigrante ilegal; los hospitales y maternidades eran frecuentados muy a menudo por grupos de ilegales; en algunos barrios de estas ciudades se fueron formando ghettos de inmigración ilegal, donde "de cada diez personas, ocho son colombianos indocumentados" (Cardona, 1980: 235); en casi todas las casas de familias ricas y de clase media trabajaban uno o dos ilegales (Cárdenas, 1979a: 19). vuelve 11. "El problema migratorio en Venezuela no solamente es con Colombia. Aquí hay masas de peruanos, dominicanos y ecuatorianos que bien trabajan ilegalmente o bien utilizan el país como trampolín para luego viajar hacia los Estados Unidos", declaraba el Canciller de Venezuela en conferencia sobre Política Internacional (Frontera, 28.1.98, p. 2-B).
DOCUMENTOS OFICIALES
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