INTRODUCCIÓN

La República Argentina se caracterizó, desde su constitución como Estado – Nación, por ser un país de inmigración.

Los grandes flujos migratorios de ultramar llegados a partir de mediados del siglo XIX, fueron el resultado de un esfuerzo consciente de la élite gobernante por transformar sustancialmente el tamaño y la composición de la población, que consideraban indispensable para la constitución de una Nación moderna. Con el objetivo de "poblar el desierto" y "europeizar" la población, la inmigración comenzó a llegar masivamente a partir de 1850, registrándose los picos máximos entre 1880 y 1914 y, posteriormente, en la década del 1920. A partir de la década de 1930 la inmigración de ultramar cede y sólo alcanzará niveles importantes recién entre 1947 y 1952.

Con la crisis mundial de 1929 se inicia un cambio en la legislación, la concepción y las prácticas administrativas migratorias desde un esquema promocional a uno de control.¹ Simultáneamente, en las primeras décadas del siglo XX, tal como lo evidenciaron los censos nacionales, la composición de la inmigración va a ir cambiando, incrementándose la presencia de los inmigrantes limítrofes.

Ya en las décadas posteriores, como producto del acelerado desarrollo económico que se da en Argentina, se va a intensificar este movimiento migratorio desde países vecinos, cobrando mayor peso relativo en relación a la población inmigrante europea, que envejecía y se conformaba con los sobrevivientes de las oleadas migratorias de antaño.

En las últimas dos décadas, además de esta tradicional migración constituida fundamentalmente por paraguayos, bolivianos, uruguayos y chilenos, han arribado al país contingentes de asiáticos, principalmente coreanos, chinos y taiwaneses, de europeos del Este (ucranianos y rusos que se beneficiaron con un programa inmigratorio especial) y de peruanos, cuyo patrón migratorio se asemeja al de los migrantes de países vecinos.

Pero además de estas corrientes migratorias voluntarias y motivadas fundamentalmente por mejores oportunidades laborales, Argentina recibe migraciones forzadas de muy diversos orígenes. Guerras, otras situaciones de conflicto armado y violaciones a los derechos humanos en el mundo actual, traen como consecuencia el abandono involuntario de su país de millones de personas en busca de refugio. Dentro de este contexto, y en buena medida por su ubicación geográfica, Argentina recibe un número pequeño pero creciente de refugiados de más de cuarenta países de distintos continentes; mayoritariamente se trata de latinoamericanos.

En la década de 1990, el flujo de refugiados cambió en cuanto a su composición de origen y su volumen, incrementándose los provenientes de Africa, Europa Central y, en el plano americano pasando a recibir refugiados peruanos, cubanos, colombianos y haitianos.

La problemática de los refugiados en el país, en particular, es una cuestión poco conocida y no considerada, debido a sus pequeñas dimensiones actuales. Los solicitantes de refugio y refugiados constituyen un porcentaje pequeño de la población extranjera en Argentina, constituida principalmente por migrantes laborales limítrofes. Pero sin duda, la cuestión de los refugiados resulta de vital importancia, por tratarse de personas en una situación de extrema vulnerabilidad y con limitaciones de distinta índole a la hora de integrarse a la sociedad.

El presente artículo presenta el fenómeno de los solicitantes de refugio y refugiados latinoamericanos en Argentina, explora el complejo proceso de integración a la sociedad, en los planos económico, social y cultural y plantea algunos aspectos de la política migratoria para con esta población.

Buscando refugio en Argentina

Con anterioridad a que se aprobaran las normas internacionales relativas al estatuto de refugiado, en América Latina existía ya la figura del asilo. Diversos instrumentos regionales contemplaban la figura del asilado, fundamentalmente motivado en razones políticas.

El sistema internacional de protección de refugiados² nace posteriormente, para brindar una respuesta a la necesidad de brindar atención a aquellos que pudieran ser perseguidos como resultado de las guerras ocurridas en Europa.

El refugio no alcanzó en América Latina niveles de relevancia similares a los del asilo, sino hasta la década de 1980, cuando la problemática adquirió especial importancia como consecuencia de la existencia de serias situaciones de conflicto armado interno y violencia en varios países de Centroamérica, que motivaron grandes flujos de población desplazada, que cruzaban las fronteras internacionales en busca de protección y seguridad, y para las cuales el sistema interamericano no acertaba a dar respuesta.

Pero, en particular en el caso argentino, la recepción de refugiados en su sentido moderno comienza con la adhesión de la Argentina a la Convención de Ginebra de 1951 (recién en 1961) y al Protocolo de Nueva York, en 1967. Desde entonces y hasta 1984, la elegibilidad, es decir la determinación de quiénes son considerados refugiados dentro del territorio argentino, corrió por cuenta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, al no existir una oficina gubernamental encargada de resolver las peticiones presentadas por los extranjeros.

Tras el golpe militar de septiembre de 1973, un considerable flujo de ciudadanos chilenos se vieron obligados a abandonar su país. Entre 1973 y 1975 fueron reconocidos como refugiados un total de 11.299 personas, de las cuales un 84.5% fueron chilenos, un 11% uruguayos, un 2.2% bolivianos, un 1.3% brasileros y el resto de otras nacionalidades.³

La dictadura argentina impuesta en 1976 significó no sólo un obstáculo para el asentamiento de refugiados latinoamericanos en territorio argentino, sino que generó un considerable flujo de argentinos perseguidos, que se diseminaron por el mundo. Recién con el retorno de la democracia, en 1984, Argentina reasumió sus compromisos internacionales en la materia y creó el Comité de Elegibilidad para Refugiados.

Pero año con año y como consecuencia de la continuación de conflictos generadores de crisis de refugiados, el número de solicitudes se ha estado incrementando: mientras que en 1997 se recibieron 322 solicitudes de refugio, en el año 2000 esta cifra llegó a 1324. A esto se le suma una compleja normativa y procedimientos migratorios que obstaculizan la residencia legal y llevan a los migrantes que llamaríamos "voluntarios" a querer beneficiarse del sistema de protección de refugiados como una vía para regularizar su situación en el territorio argentino.

En el último quinquenio, las solicitudes de refugio recibidas por las autoridades han sido presentadas por ciudadanos de más de cuarenta países. Pero en el plano latinoamericano, cuatro son las principales nacionalidades de origen:

Por un lado, los peruanos resultan el contingente más numeroso. La ola de violencia iniciada en ese país en los ’80 dejó un saldo de 30.000 muertos y causó daños por 25 mil millones de dólares, según estimaciones de organismos internacionales. La década de 1990 implicó la paulatina desactivación de los movimientos guerrilleros, pero fue acompañada a su vez de numerosas denuncias por parte de las organizaciones de Derechos Humanos respecto a la existencia de torturas y ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad.

La situación descripta trajo como consecuencia, desde fines de la década de 1980, un éxodo masivo de población, en su mayoría campesina, hacia los pueblos aledaños y las grandes ciudades. Se trata de más de 600.000 personas que huyeron dejando sus hogares. Muchos de ellos, como consecuencia de la prosecución de la violencia política y al ver agudizada su situación por la pobreza, deciden traspasar las fronteras internacionales, fundamentalmente hacia Chile y Argentina, debido a su proximidad geográfica y la relativa estabilidad económica vivida a principios de los noventa.

Posteriormente, y si bien el conflicto fue cediendo, el flujo de migrantes y refugiados peruanos continuó estable, lo que se explica por el rol cumplido por las redes de migración, el conjunto de contactos familiares o de amistades que brindan la información, ayuda y contención necesaria para que el flujo continúe.

En la actualidad, la mayoría de las solicitudes de refugio presentadas por ciudadanos peruanos resultan extemporáneas, ya que se estima que la situación que motivó el traslado ha cesado. Por ese motivo es posible suponer que un alto porcentaje de las solicitudes están carentes de fundamento.

Incluso, la recesión que aqueja a Argentina desde hace cuatro años, la crisis social, política e institucional que estalló en el mes de diciembre de 2001, sumada a la devaluación de la moneda nacional que afectó el monto de las remesas de los trabajadores migrantes hacia sus países de origen, han llevado a gran parte de esta población a emprender una migración de retorno hacia Perú, lo que permite suponer la ausencia de temor de ser perseguida.

Los refugiados y solicitantes de refugio peruanos son mayoritariamente de origen urbano y con mediana calificación. Hay una leve predominancia masculina y se agrupan en las edades productivas.

En segundo término, los ciudadanos cubanos que abandonan la isla por sus diferencias con el régimen castrista, tienen una cultura del asilo político que los lleva a solicitarlo ni bien arriban al país.

Se trata de población adulta, de ambos sexos, entre 20 y 45 años, y con un alto nivel de instrucción formal o capacitación técnica. En muchos casos, son profesionales universitarios que sólo podrán ejercer su profesión luego de sortear una serie interminable de requisitos burocráticos a fin de obtener la reválida de sus titulaciones.

En el último quinquenio, más de 300 cubanos solicitaron ser reconocidos como refugiados, aunque sólo un porcentaje lo logró. Su decisión por Argentina partió, en la mayoría de los casos, de considerar que como consecuencia de la política argentina hacia Cuba y la condena a las violaciones a los derechos humanos que el país ha mantenido en los ámbitos internacionales, los cubanos serían considerados perseguidos por el régimen. Sin embargo, las autoridades no lo entendieron así, reconociendo la condición de refugiado en un porcentaje pequeño de casos que presentaban fuertes fundamentos.

Es creciente también el número de solicitudes de refugio por parte de ciudadanos colombianos. La situación de Colombia es de público conocimiento. La población civil se encuentra acorralada por la guerrilla, los paramilitares y el ejército en esa lucha sin cuartel que se vive día a día. Las semejanzas culturales resultan la variable determinante para que algunos ciudadanos colombianos opten por la Argentina como lugar de refugio. En general, se trata de refugiados urbanos, sectores de clase media con una calificación media o alta, que ante el temor a perder su vida o su libertad, opta por migrar al exterior, generalmente en familia.

El resto de los solicitantes de refugio de América Latina y el Caribe está constituido por haitianos y otros casos aislados de bolivianos o chilenos.

La presencia de los haitianos en Argentina surge generalmente de la existencia de algún contacto previo derivado de un trabajo anterior, o la migración previa de algún familiar o amigo. Raramente los refugiados haitianos arriban a Argentina sin información previa sobre sus posibilidades de asentamiento. Tienen una particularidad en relación con el resto de los solicitantes de refugio del continente que está dada por las diferencias de lenguaje y raza que repercuten sin duda en su integración a la sociedad. De todas formas, se trata principalmente de sectores instruidos que hacen uso del bilingüismo como estrategia de inserción laboral.

Fuente: Secretaría del Comité de Elegibilidad para Refugiados de la República Argentina.

El proceso de integración

Los teóricos de las migraciones internacionales han estudiado la problemática de la integración y la convivencia intercultural y han dado cuenta de las diferentes reacciones de las sociedades o grupos receptores frente a las migraciones. Empíricamente se han podido constatar una diversidad de situaciones y patrones de integración en función de una complejidad de elementos, que involucran todos los actos del individuo y de la sociedad receptora.

En términos de una definición conceptual, se podría señalar que la integración se ubicaría en la dicotomía participación – marginalidad, entendiendo la participación como la materialización de las relaciones sociales, observable a partir del contacto económico, cultural, ecológico, etc.. A su vez, la marginalidad se definiría como la no participación.

Es posible pensar, siguiendo esta definición, que existe una participación activa y una participación pasiva. La participación activa a su vez, podría derivarse en la conquista o la integración, mientras que la participación pasiva, en la integración y en la asimilación. ⁴

A su vez, hay que distinguir los sectores sociales donde puede avanzar la integración. Muchas veces en forma diferencial o en algunos casos de manera independiente, en los diversos planos: social, cultural, económico, ecológico y político.

Portes y Böröcz señalan entre las dimensiones básicas que inciden en los patrones de asentamiento, los orígenes de clase de los migrantes, las condiciones particulares de la sociedad de acogida, y las condiciones de salida, es decir las condiciones específicas bajo las cuales un grupo inmigratorio particular deja su país de origen.⁵ Esta distinción se refiere a los prófugos políticos en oposición a los migrantes laborales.

Según los autores, las condiciones políticas de salida tienen una influencia significativa sobre el patrón de asentamiento posterior. A diferencia de otros inmigrantes, los refugiados suelen recibir una asistencia para su asentamiento, lo que constituye un componente importante de la primera experiencia de adaptación. Además, el reconocimiento de la condición de refugiado impide muchas veces la opción del regreso (tal es el caso de los ciudadanos cubanos). El bloqueo de la opción de regreso, por largos períodos o por períodos inciertos, constituye una diferencia fundamental respecto de otras formas de inmigración, afectando las actitudes de los refugiados respecto a la sociedad de acogida.

No existe un estudio profundo respecto a la integración de los refugiados a la sociedad argentina. Las conclusiones que se extraen aquí surgen de una investigación exploratoria basada en la realización de entrevistas a un grupo de refugiados de diversas nacionalidades, y a una encuesta mediante cuestionarios que se llevara adelante en 1997 desde la Secretaría del Comité de Elegibilidad para Refugiados de la República Argentina.

Es preciso señalar que Argentina no cuenta con una política de integración de migrantes y refugiados. La protección de éstos en Argentina corre por cuenta de la comunidad internacional. El A.C.N.U.R., a través de una organización no gubernamental, brinda una asistencia económica mínima, clases de idioma y asesoramiento e información de distinta índole, en aras de favorecer su inserción. Pero básicamente, los refugiados deben encarar el proceso en forma individual o familiar.

Las actitudes hacia su integración a la sociedad son diferenciales en función del tiempo estimado de permanencia en su nuevo ámbito. Esta depende, en buena medida, de la resolución de su solicitud de refugio por parte de las autoridades. Pero lamentablemente, a pesar del pequeño número de solicitudes, las demoras en la resolución resultan desmedidas, siendo por lo general no inferior a dos años. Mientras el proceso de elegibilidad se desarrolla, los refugiados cuentan con una documentación provisoria que les permite residir y trabajar, pero con un futuro francamente incierto que atenta contra sus posibilidades de integración.

Como es lógico suponer también, su integración en los distintos planos se realiza en función de sus capacidades, sus posibilidades de inserción económica, la existencia de una red de asistencia, y su distancia cultural con el medio receptor.

Respecto a las redes y las organizaciones de la colectividad, éstas cumplen un rol importante en lo que respecta, especialmente, a la asistencia de emergencia: la vivienda primera, la búsqueda de un empleo. Esto es así especialmente en el caso de las corrientes inmigrantes con mayor tradición, como puede serlo la peruana (que cuenta en el país ya con seis centros sociales y culturales de residentes, grupos religiosos, cuatro periódicos y un programa radial). Pero en el caso de los refugiados, en cambio, muchas veces las motivaciones que los llevaron a migrar resultan un obstáculo a la hora de contactarse con sus connacionales. Las solicitudes de refugio de parte de ciudadanos peruanos, por ejemplo, pueden estar motivadas por la persecución sufrida por personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad, a manos de organizaciones subversivas; o, en forma inversa, la persecución hacia militantes de izquierda pueden haber partido del aparato represivo del Estado. Simultáneamente, solicitan refugio campesinos del sur que manifiestan encontrarse entre los dos bandos en pugna. Difícilmente esta población, según sus manifestaciones y sea de una extracción o de otra, esté dispuesta a contactarse con organizaciones de la comunidad por temor a delatar su paradero y sufrir, en Argentina, el temor de persecución del que escaparon de Perú.

Las estrategias de integración adoptadas resultan diferenciales de acuerdo a la nacionalidad de origen. Asimismo, la integración en los distintos planos es diferencial: en algunos casos parecen avanzar más dinámicamente en su participación en lo social, es decir a través de la relación del migrante con los individuos y grupos sociales del medio receptor, que en lo económico.

En el plano económico, en lo que respecta a la inserción en el mercado de trabajo, es donde el proceso se desarrolla con mayores dificultades para el conjunto de la población migrante, debido fundamentalmente a un contexto sociolaboral adverso en la sociedad argentina. En este plano, es imposible dejar de señalar la conflictiva situación laboral que aqueja a la Argentina, siendo de 18.3% la tasa de desocupación a octubre de 2001⁶ y con una serie de medidas financieras y monetarias que agudizan la recesión, el estancamiento y el desempleo. Argentina tiene 2.1 millones de desocupados, otros 2 millones de subocupados y 3 millones de asalariados en negro. Anualmente además, las empresas se desprenden de unas 200.000 personas mientras que 300.000 ciudadanos ingresan al mercado laboral, tenemos un potencial de incremento del desempleo de medio millón de personas al año.

Tradicionalmente, el servicio doméstico para las mujeres y la construcción para los hombres, han sido los sectores del mercado de trabajo donde se han concentrado mayoritariamente los inmigrantes latinoamericanos, ya que son las actividades en las que el acceso exige menores credenciales de experiencia previa y donde funcionan mejor las redes de contactos. A su vez, la industria manufacturera y el comercio constituyeron también en décadas pasadas ámbitos de importante absorción de mano de obra extranjera. Actualmente, la crisis económica y la recesión golpea con fuerza principalmente estos sectores. La actividad industrial y la construcción han alcanzado sus picos históricos más bajos, limitando así las oportunidades de inserción asalariada no solo de nativos, sino también de migrantes y refugiados. Asimismo, el proceso de pauperización que afecta a la clase media restringe también la posibilidad de emplearse como personal doméstico en casas de familia.

A pesar del grave contexto económico al que se enfrentan, algunos de los recién llegados parecen realizar una inserción adicional de la mano de obra local, desarrollando actividades diferentes a las que ésta desarrolla tradicionalmente y en peores condiciones de lo que los trabajadores locales aceptarían: como personal de seguridad privada o empleados de limpieza. Otros, los menos, logran una inserción independiente (autogenerando su empleo a través de actividades productivas con un ínfimo capital inicial). Para muchos, la inserción laboral es marginal: la típica inserción de los movimientos migratorios que se desarrollan fuera del eje de los requerimientos y disponibilidades del mercado y fuera también del eje de la oferta y demanda de trabajo.⁷

Esta situación se presenta fundamentalmente en el caso de los ciudadanos peruanos, tanto refugiados como migrantes. Un estudio realizado por Ponciano Torales para la Organización Internacional para las Migraciones, a través de una muestra de 424 casos, estableció que más del 93% de los peruanos llegados al país desde octubre de 1992 contaban con estudios secundarios y terciarios. La mayoría además contaba con experiencia en trabajos con mediana especialización. Sin embargo, quienes lograron insertarse laboralmente, lo hicieron en trabajos de menor calificación o, por el contrario, debieron afrontar una inserción marginal, como vendedores ambulantes, por ejemplo, con lógicas implicancias en los planos social y cultural.

En todo proceso de integración de un grupo inmigrante resulta esencial la actitud de la población nativa para con los recién llegados. Si bien Argentina ha sido siempre un país de inmigración, precisamente desde sus orígenes estableció una distinción entre el migrante europeo supuestamente ilustrado y el latinoamericano considerado inculto. Esta distinción se evidencia en el discurso oficial,⁸ en las políticas, en los medios de comunicación y en el imaginario social, que aun hoy exalta las virtudes de la inmigración europea y discrimina a la limítrofe y peruana.

Si bien existe consenso en señalar que los problemas laborales y económicos que enfrenta el país en la actualidad parten de las políticas adoptadas en los últimos veinte años, sumado a un estilo corrupto de dominación, el contexto sociolaboral desfavorable exacerba la situación de discriminación hacia el trabajador extranjero, bajo el argumento de la defensa de la mano de obra nacional frente a la extranjera.

La imagen de los extranjeros y su inserción en el mercado laboral, se vincula a su origen nacional, social y educativo. En particular en el caso de los cubanos, quizá por su conocido alto nivel de educación, quizá sencillamente por un fenotipo más europeo, parece no primar la imagen del extranjero que "roba" el trabajo al argentino. Esta percepción de parte de la sociedad es muy diferente a la que se tiene del migrante boliviano, paraguayo o peruano, vinculado insistentemente a la pobreza, la marginalidad y la delincuencia.

En lo que respecta al acceso a la salud y la educación, hacen uso casi exclusivamente del deteriorado sistema público. A pesar de las trabas burocráticas relacionadas con la documentación (los documentos otorgados a solicitantes de refugio suelen ser desconocidos para la mayoría de la población) y de la escasez de recursos reinante en los organismos públicos, los refugiados acceden a escuelas y hospitales públicos.

A pesar de la ausencia de una voluntad estatal integracionista, políticas y programas acordes, en Argentina los esfuerzos individuales y familiares de integración por parte de los refugiados los llevan a adquirir hábitos y costumbres propias de la sociedad de recepción, asumiendo en muchos casos modalidades de consumo cultural del medio receptor.

A su vez, ya que se trata de población en edad reproductiva, tienen hijos que nacen en territorio argentino (y por lo tanto son ciudadanos argentinos) que estrechan los vínculos con la sociedad de recepción.

Algunas consideraciones sobre la política migratoria argentina

La República Argentina carece actualmente de una política migratoria y de refugiados claramente establecidas. O bien podríamos decir que en la ausencia de objetivos e intencionalidad claros reside su política misma. Las respuestas políticas por parte del poder público respecto del fenómeno migratorio en general, son descoordinadas e ineficientes y no se adecuan a los procesos reales.

No parece existir un objetivo claro en cuanto a promover, regular o restringir los flujos migratorios, ni sobre su distribución espacial, posibilidades de asentamiento e inserción laboral. En cuanto a la incorporación de estos nuevos migrantes y refugiados, el Estado no desarrolla ninguna política activa tendiente a insertarlos en la sociedad. Incluso, por incapacidad o por falta de voluntad, son notorios los obstáculos para que los migrantes logren su incorporación legal.

Sistemáticamente, la respuesta estatal frente al fenómeno migratorio ha sido llevar adelante políticas coyunturales y programas particulares (de regularización migratoria extraordinaria, de facilitación migratoria para el otorgamiento de visas, etc.) como reacción a la presión migratoria de momentos determinados, respondiendo a cuestiones de relaciones internacionales o bien corrigiendo defectos de la gestión migratoria previa. Difícilmente en las últimas décadas se ha llevado adelante una política definida en el contexto de un proceso político, económico o social, considerando la complejidad de variables del fenómeno y su correcta caracterización.

Los volúmenes de inmigración recibidos por Argentina en las últimas décadas, han sido bajos. El censo de 1991 indicaba que el 5% de la población censada había nacido en un país distinto de Argentina. Y dentro de ese 5%, la mitad eran inmigrantes europeos arribados al país a mediados del siglo XX o incluso con anterioridad (ver cuadro n? 2). Estos volúmenes, sumado al hecho de que Argentina se encuentra inserta en un proceso de integración regional, resultan incongruentes con una política restrictiva.

Cuadro n? 2:

POBLACIÓN CENSADA EN ARGENTINA Y NACIDA EN OTROS PAISES, POR PERIODO DE LLEGADA AL PAÍS

País de nacimiento

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991.

Nota: Los datos correspondientes al Censo 2001, que otorgarían un panorama más acorde con la realidad actual luego de una década de transformaciones profundas en la estructura económica y social argentina, aún no están disponibles.

La restricción migratoria es fundamentada por las autoridades en la supuesta protección de la mano de obra nacional frente a la competitividad de la inmigración extranjera. Esta fundamentación parte del supuesto erróneo de la inserción competitiva de los migrantes en los mercados de trabajo locales. Se ha demostrado empíricamente que la inserción laboral de los migrantes dista de "robar el trabajo" al nativo y, en el contexto actual, es evidente que la desocupación y los problemas laborales de la Argentina resultan de índole estructural y nada tiene que ver la inserción inmigrante en ellos.

Alejandro Grimson⁹ señala, la incongruencia entre las afirmaciones corrientes y los datos empíricos: "en 1991 los inmigrantes limítrofes no alcanzaban el 3% de la población argentina, mientras el índice de desocupación superaba el 5%. Para que el incremento de la desocupación (que en 1996 superó el 17%) se debiera a una ola migratoria, el número de residentes extranjeros debería haberse triplicado en cinco años, lo que es absurdo".

Por otro lado, Argentina permite fácilmente el ingreso a los inmigrantes latinoamericanos, restringiendo posteriormente, y a través de una serie de procedimientos burocráticos y requisitos documentales y laborales, la obtención de la residencia legal. Este hecho no hace más que generar una masa de población en situación irregular, que se ve sometida a toda una serie de abusos por parte de empleadores inescrupulosos, u obligada a desempeñar actividades marginales.

A su vez, y específicamente en lo que concierne a la condición de refugiado, Argentina tampoco tiene una política definida en relación a esta población. Si bien cuenta con un organismo gubernamental encargado de resolver los pedidos y el acceso al procedimiento de elegibilidad suele ser sencillo, la resolución de los pedidos tiene una demora desproporcionada para un país que recibe un millar de solicitudes en promedio anual. Además, carece de una política de integración, programas específicos de inserción o mecanismos que al menos permitan una reubicación menos traumática.

Consideraciones finales:

A diferencia de casi todas las otras personas que abandonan su país, los refugiados tratan de conseguir ser admitidos en otro no por elección sino por necesidad imperiosa, a fin de escapar a las amenazas que pesan sobre sus derechos humanos más fundamentales, y de la falta o carencia de protección por parte de las autoridades de su país de origen. Su problemática es extremadamente compleja e involucra una serie de aspectos sociales, económicos y psicológicos fundamentales.

Los avatares políticos sufridos por América Latina la han llevado muy tempranamente a desarrollar mecanismos para brindar protección a sus ciudadanos perseguidos. Sin embargo, refugiados (y migrantes) han debido enfrentarse a discursos oficiales, políticas públicas, normativas complejas y actitudes sociales que muchas veces no hicieron más que agudizar su problemática.

En Argentina en particular, se reciben refugiados desde hace décadas pero, sin embargo, la mayor parte de la sociedad lo desconoce. La imagen del refugiado se asocia en el imaginario a los grandes contingentes de desplazados en forma forzosa en Africa o en los Balcanes y se desconoce que dentro del territorio, y oriundos de países cercanos, residen muchos ciudadanos que debieron huir de sus países para salvar su vida o su libertad.

A su vez, el refugiado que sí reside en el territorio, que en casi un 60% es de origen latinoamericano, es, al igual que el resto de los migrantes, discriminado en función de un erróneo concepto de competencia desleal por los escasos puestos de trabajo. Quizá sea más apropiado entender esta discriminación como consecuencia de la identidad europeizante que marcó a la sociedad argentina, cierta noción de superioridad étnica y cultural internalizada por buena parte de la población.

En ese marco, además, los refugiados latinoamericanos deben hacer frente también a un contexto crítico de desocupación, pobreza e inseguridad, sin asistencia gubernamental más que el permiso de residencia y sin posibilidades de aprovechamiento de sus conocimientos y capacidades.

Resulta esencial la definición de una política hacia esta población. Esta debería partir de interrogarse si se pretende que la protección a refugiados sea eminentemente temporal, en la medida en que persistan las condiciones que llevaron al refugiado a abandonar su país de origen, o bien si se pretende incorporar al refugiado como un migrante más a la sociedad. En el primer caso, deberían adoptarse medidas tendientes a preparar a los refugiados para un retorno exitoso, cuando las condiciones así lo permitan: garantizar su permanencia en el territorio con dignidad, y asegurando no privar a los refugiados de las estructuras sociales que definan su identidad, a fin de que sean capaces de retomar su vida en el país de origen.

De lo contrario, si se pretende que el refugiado permanezca en el país, deben arbitrarse los medios para que alcance una integración plena en la sociedad, con programas que exalten sus valores culturales y que encaucen esta población facilitando el arraigo en áreas donde la inserción socio-ocupacional fuera más sencilla y se conjugase con las necesidades de desarrollo de la comunidad receptora.

Las acciones públicas hacia la población refugiada, y hacia los migrantes en general, deben ser producto de un estudio sistemático y profundo del fenómeno en su complejidad, ya que involucran el respeto de los derechos humanos de miles y miles de personas que solo buscan un futuro mejor.

Arriba

vuelve 1. Mármora, L. (1974).

vuelve 2. Tal como es definido por la Convención de 1951 sobre el estatuto de los Refugiados (Artículo 1, sección A, párrafo 2), el término refugiado se refiere a "toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país...".

vuelve 3. Letcher, J., Refugiados latinoamericanos en Argentina, Anexo Migraciones n? 22, Comisión Católica Argentina de Migraciones, Buenos Aires, 1981, citado por Mármora, Lelio (1974).

vuelve 4. Mármora, L. (1997).

vuelve 5. Portes, A. y Böröcz, J., (1998).

vuelve 6. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

vuelve 7. Mármora, L. (1997).

vuelve 8. Al respecto, resulta fundamental el análisis hecho por Oteiza, Novick y Aruj (2000).

vuelve 9. Grimson, A., (2001).

• "Conclusiones del seminario sobre Políticas de Refugiados en el sur de América Latina, organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados". Buenos Aires, 1995.
• Germani, Gino. Política y sociedad en una época de transición. Paidós, Buenos Aires, 1968.
• Grimson, Alejandro. Fronteras, migraciones y MERCOSUR, en Apuntes de investigación del CECYP, Año V, Vol. 7, Buenos Aires, Abril de 2001.
• Mármora, Lelio. "La amnistía migratoria de 1974 en Argentina". Documento de trabajo de la Serie Migraciones internacionales con fines de empleo, Oficina Internacional del Trabajo, Buenos Aires, 1983.
• Mármora, Lelio. Las Políticas de Migraciones Internacionales. OIM / Alianza Editorial, Madrid / Buenos Aires, 1997.
• Oteiza, Enrique, Novick, Susana y Aruj, Roberto. Inmigración y discriminación. Políticas y discursos. Trama Editorial / Prometeo Libros, Buenos Aires, 2000.
• Portes, Alejandro y Böröcz, Josef. Migración contemporánea. Perspectivas teóricas sobre sus determinantes y sus modalidades de incorporación. (En Malgesini, Graciela (comp.), Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial. ICARIA: Fundación Hogar del empleado, Barcelona, 1998).
• Trimarco, Virginia. Aplicación del Derecho de Refugiados en América Latina. La protección internacional. (En Irigoin Barrenne, Jeannette (comp.), "Derecho de Refugiados en el Sur de América Latina". Colección Estudios Internacionales, Instituto de Estudios Internacionales Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1995).

*Dirección: Associate Professor Mary Addis*

*Realización: Cheryl Johnson*

*Istmo@acs.wooster.edu*

*Modificado 10/20/02*

*? Istmo, 2001*